El Gobierno nacional avanza con el proceso de licitación para concesionar más de 300 kilómetros de la Ruta 7 en Mendoza, uno de los corredores estratégicos que conecta a la Argentina con Chile a través del paso internacional. El proyecto contempla que las empresas privadas financien las obras sin aportes del Estado y recuperen la inversión mediante el cobro de peajes durante un período de al menos 20 años.

Actualmente son cuatro los grupos empresarios que compiten por quedarse con la concesión del corredor, luego de que la firma Ceosa decidiera retirarse del proceso. El esquema prevé intervenir un trazado que presenta un fuerte deterioro, especialmente en sectores de alta montaña, donde desde hace años se reclaman tareas de mantenimiento e inversiones en infraestructura vial.
La propuesta oficial incluye la continuidad de las estaciones de peaje de La Paz y Las Cuevas, además de la construcción de dos nuevas cabinas, una en la Variante Palmira y otra entre Potrerillos y Uspallata. El objetivo es financiar las mejoras sin recurrir a recursos del Tesoro Nacional.
El exgobernador de Mendoza, Julio Cobos, explicó que los pliegos establecen un valor máximo de referencia de $4.800 por peaje, aunque aclaró que el monto definitivo dependerá del nivel de inversiones comprometidas por la empresa adjudicataria. Cuanto mayor sea el plan de obras, mayor será el margen autorizado para aplicar tarifas.

Según estimaciones realizadas por el exvicepresidente, el valor inicial podría ubicarse entre $3.000 y $3.500 por cabina, en línea con otras concesiones viales impulsadas recientemente por el Gobierno. Si finalmente se habilitan las cuatro estaciones previstas, un automóvil podría desembolsar entre $12.000 y $14.000 para recorrer todo el tramo concesionado, mientras que los camiones pagarían entre cuatro y cinco veces más.
La concesión abarcará dos sectores: un tramo de 146 kilómetros entre Desaguadero y la Variante Palmira, y otro de 182 kilómetros entre el cruce de las rutas 7 y 40, a la altura de Agrelo, y el límite internacional con Chile.
Más allá del proceso licitatorio, Cobos expresó reparos sobre la capacidad del sistema para financiar las obras de mayor complejidad que requiere la Alta Montaña. El exmandatario sostuvo que un esquema sostenido únicamente con peajes podría resultar insuficiente para ejecutar trabajos de gran escala, como la construcción de dobles vías, cobertizos de protección o mejoras estructurales en sectores de riesgo.

Durante el primer año de concesión, las empresas deberán ejecutar tareas básicas de conservación, entre ellas bacheo, reparación de deformaciones en la calzada y mantenimiento general del corredor. Recién a partir del segundo año comenzarían las obras de mayor envergadura, aunque sin modificar el trazado actual de la ruta.
El contrato también contempla la posibilidad de incorporar nuevas obras durante la vigencia de la concesión. Sin embargo, para concretarlas será necesario renegociar las condiciones económicas del acuerdo, ya sea mediante incrementos en las tarifas de los peajes, una extensión del plazo de explotación o la incorporación de financiamiento estatal para garantizar la ejecución de los trabajos.