Suicidios en Argentina: la preocupante cifra que desató un proyecto en Diputados

La diputada nacional Sabrina Selva presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la evolución de los suicidios en la Argentina durante 2025 y 2026, el presupuesto destinado a salud mental y las políticas implementadas para prevenir esta problemática, especialmente entre los jóvenes.

La iniciativa plantea una serie de pedidos de información dirigidos al Gobierno nacional y pone el foco en los datos difundidos por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que, según la legisladora, muestran un incremento del 22,6% en la cantidad de suicidios durante 2025 respecto del año anterior.

Además, el proyecto solicita precisiones sobre la situación presupuestaria del área de salud mental, el funcionamiento del Hospital Nacional en Red "Licenciada Laura Bonaparte", el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y las estrategias oficiales para abordar una problemática que, según sostiene la autora de la iniciativa, requiere una respuesta integral del Estado.

Qué información solicita el proyecto

La resolución invoca el artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados para requerir información al Poder Ejecutivo.

Entre otros puntos, solicita conocer si el Gobierno cuenta con registros actualizados que confirmen el aumento del 22,6% en la tasa de suicidios informado por el SNIC durante 2025 y pide que esos datos sean desagregados por edad, sexo y nivel socioeconómico.

También reclama información sobre el presupuesto asignado, ejecutado y efectivamente pagado para la actividad "Apoyo y Promoción de la Salud Mental", dependiente del Programa 42 del Ministerio de Salud, así como detalles del presupuesto proyectado para 2026.

La diputada además solicita un informe sobre la situación actual del Hospital Nacional en Red "Laura Bonaparte", especializado en salud mental y consumos problemáticos, luego de las modificaciones administrativas y presupuestarias implementadas durante 2025.

El pedido también alcanza a las campañas de prevención del suicidio, los convenios con las provincias, las acciones destinadas a jóvenes de entre 18 y 34 años y los mecanismos de coordinación entre los ministerios de Salud, Trabajo y Capital Humano para abordar el impacto que pueden tener el desempleo y el endeudamiento sobre la salud mental.

La preocupación por el aumento de los suicidios

En los fundamentos, Selva sostiene que resulta "urgente" conocer la situación real de la salud mental en el país tras la difusión de estadísticas que ubican a 2025 como el año con la mayor cantidad de suicidios desde que existen registros comparables.

"El presente Proyecto de Resolución tiene como objeto requerir al Poder Ejecutivo Nacional información detallada y urgente sobre la situación de la salud mental en nuestro país a raíz de la alarmante publicación de datos que sitúan al año 2025 como el período con la cifra de suicidios más alta desde que existen estadísticas comparables", señala la legisladora.

De acuerdo con los datos citados en el proyecto, durante 2025 se habrían registrado 5.209 suicidios, lo que representaría un incremento del 22,6% respecto del año anterior.

Asimismo, destaca que "el 78,6% de las víctimas son varones, concentrándose la mayor incidencia en la franja etaria de 18 a 34 años", un fenómeno que vincula con el contexto económico y social.

El debate sobre el presupuesto para salud mental

Uno de los ejes centrales del proyecto está relacionado con el financiamiento de las políticas públicas destinadas a salud mental.

Selva sostiene que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla una fuerte reducción de recursos para la actividad "Apoyo y Promoción de la Salud Mental".

Según expresa en los fundamentos, esa partida "contó con una asignación de sólo 48 millones de pesos", lo que implicaría "una reducción del 91,53% en términos reales".

Para la diputada, ese nivel de financiamiento compromete el funcionamiento de programas vinculados con la capacitación de equipos de salud, la prevención comunitaria, la inclusión social y el fortalecimiento de dispositivos territoriales.

Por ese motivo solicita que el Gobierno detalle tanto los montos presupuestarios asignados como el grado de ejecución de esas partidas.

El Hospital Laura Bonaparte, otro de los puntos bajo análisis

La iniciativa también solicita información específica sobre el Hospital Nacional en Red "Licenciada Laura Bonaparte", uno de los principales centros públicos especializados en salud mental y consumos problemáticos.

En ese sentido, pide conocer el estado actual de sus prestaciones, la situación del personal tras los cambios implementados durante 2025 y el impacto que tuvieron las modificaciones presupuestarias sobre su capacidad operativa.

La diputada sostiene que "la intervención y desmantelamiento operativo del Hospital Nacional en Red 'Licenciada Laura Bonaparte' ponen en riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante quienes más lo necesitan".

La relación entre salud mental y situación económica

Otro de los aspectos abordados por el proyecto es el vínculo entre las condiciones económicas y el deterioro de la salud mental.

En los fundamentos se afirma que "la literatura científica y los diversos relevamientos académicos coinciden en que la salud mental no puede ser analizada al margen de las condiciones materiales de existencia".

La iniciativa señala que la pérdida del empleo, el aumento del desempleo juvenil y el sobreendeudamiento de los hogares constituyen factores que pueden incrementar el riesgo de padecimientos psicológicos y situaciones de crisis.

Por ello solicita conocer si existe una estrategia conjunta entre distintas áreas del Gobierno nacional para abordar estas problemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria.

El cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental

El proyecto también requiere información sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

Entre otros puntos, pide precisiones acerca de las políticas destinadas a la capacitación de equipos de salud, el fortalecimiento de dispositivos intermedios, las intervenciones comunitarias, el tratamiento de consumos problemáticos, la inclusión social y la asistencia a niños, adolescentes y víctimas de trata.

Asimismo, reclama conocer qué porcentaje del presupuesto sanitario nacional será destinado a salud mental durante 2026.

Según sostiene Selva, las estimaciones indican que la inversión proyectada alcanzaría "apenas un 1,42% del total del gasto en salud", muy por debajo del piso del 10% previsto por la legislación vigente.