Un tribunal condenó este miércoles a un excomandante de la Armada Argentina por la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. Pero la pena no incluye cárcel.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sentenció a Claudio Villamide, quien era el jefe de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia, a tres años de prisión en suspenso. Fue hallado responsable de dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Al ser una condena "en suspenso" o "de ejecución condicional", Villamide no irá a la cárcel. Solo deberá cumplir algunas reglas por tres años, como fijar domicilio, avisar si se muda y no cometer nuevos delitos.
En Argentina, cuando una condena es de tres años o menos, el juez puede decidir que se cumpla "en suspenso". Esto significa que la persona no pisa la cárcel, pero queda con antecedentes penales y bajo control judicial.
Es lo que pasó con Villamide: la ley permite este tipo de condena para penas cortas, y el tribunal lo aplicó en este caso.
● FEDERAL ● "Si cometimos algún error, pedimos disculpas": en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, el Tribunal Oral de Santa Cruz condenó a 3 años de prisión en suspenso al excapitán de navío Claudio Villamide y absolvió a los otros tres exaltos mandos de la Armada. https://t.co/uAI6dNJwA2 pic.twitter.com/M77T6yGSKX
— boga.ar (@boga_ar_) July 8, 2026
Además de Villamide, otros tres exjefes de la Armada llegaron acusados al juicio. Los tres fueron absueltos por unanimidad:
Según trascendió, el tribunal consideró que Alonso y Correa cumplían funciones de asesoramiento y no tenían poder real de decisión sobre las operaciones del submarino. En el caso de López Mazzeo, entendió que el control directo de la nave no era parte de sus funciones específicas.
El submarino zarpó de la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. Desapareció el 15 de noviembre, mientras navegaba de regreso desde Ushuaia. Antes de perder contacto, la tripulación reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación y un principio de incendio en el sector de baterías de proa.
Un año después, en noviembre de 2018, el submarino fue encontrado a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de la costa de la península Valdés. Los peritajes confirmaron que implotó por la presión del agua tras perder la capacidad de flotar.
Uno de los momentos más fuertes del juicio fue la reproducción de un audio con la voz del capitán Pedro Martín Fernández, comandante del submarino, quien murió en el hundimiento.
La grabación era de una reunión de abril de 2017, meses antes de la tragedia. En ella, Fernández informaba a sus superiores el estado de la nave: profundidad limitada a 100 metros, velocidad reducida y ruido en la línea de eje al detener las máquinas.
El audio generó polémica porque nadie había avisado antes a las familias, que seguían el juicio por Zoom, que se iba a escuchar la voz del comandante fallecido.
Durante el juicio se reveló una auditoría interna de la Armada, fechada el 20 de diciembre de 2016, que ya advertía sobre deficiencias técnicas en el ARA San Juan que comprometían la seguridad de la nave y del personal.
Ese informe estaba bajo secreto militar y fue notificado en su momento a la cúpula de la Armada y al Ministerio de Defensa. También se conoció una nota de marzo de 2017, en la que el propio comandante Fernández le pedía a Villamide que el submarino ingresara a dique seco.
La fiscalía, a cargo de Gastón Pruzán, sostuvo que el hundimiento no fue un accidente imposible de prever, sino una "tragedia previsible". Había pedido penas de entre tres años y medio y cinco años de prisión para los cuatro acusados.
Según los fiscales, el submarino tenía tareas de mantenimiento vencidas al momento de zarpar, entre ellas una prueba de máxima profundidad y una revisión del sistema de refrigeración.
Antes de conocer la sentencia, Villamide se declaró inocente ante los jueces. "Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio", afirmó.
También cuestionó que la fiscalía nunca le hizo preguntas concretas sobre su rol en la tragedia: "Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan".
López Mazzeo cuestionó la solidez de la acusación en su contra:
"Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso", sostuvo ante los jueces.
Correa, por su parte, remarcó que siempre actuó de acuerdo a la reglamentación:
"Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos", dijo.
Como parte de la investigación, en mayo el tribunal completo viajó a Buenos Aires para inspeccionar el ARA Santa Cruz, un submarino de la misma clase que el hundido, en los astilleros de Tandanor. El objetivo fue que jueces, fiscales y defensas conocieran de primera mano los sistemas del buque.
Algunas querellas cuestionaron la medida, porque ese submarino lleva más de diez años fuera de servicio y su estado actual podría no reflejar el que tenía el ARA San Juan en 2017.
El tribunal todavía no explicó en detalle por qué tomó esta decisión. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán recién el 21 de agosto, según el plazo que marca el Código Procesal.
Recién a partir de esa fecha, tanto la fiscalía como los abogados de las familias y las defensas podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más alto del país.
Los abogados que representan a 34 familias de tripulantes, Valeria Carreras y Lorena Arias, habían pedido cinco años de prisión para los cuatro acusados.
🎙️ Valeria Carreras (@dravaleria) pasó por El Living de #NewsDigitales para conversar sobre una de las causas más sensibles de la historia reciente: el hundimiento del ARA San Juan y la lucha de las familias de los 44 tripulantes por verdad y justicia.
— NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) July 8, 2026
⚖️ La abogada querellante… pic.twitter.com/GNPcD0FZex
Por su parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, había reclamado entre siete y ocho años de cárcel. Tras el fallo, adelantó que apelará y buscará que se anule el juicio.
"El Tribunal no tendría que haber llevado adelante el juicio, porque es incompetente, faltan medidas de prueba fundamentales para establecer la verdad", sostuvo Tagliapietra.
En paralelO, la Justicia investigó si hubo espionaje ilegal contra familiares de los tripulantes durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2017 y 2018. Se sospechaba de seguimientos, fotos e informes de inteligencia durante los reclamos de los familiares.

El juez Julián Ercolini sobreseyó a los exdirectores de la ex AFI (hoy SIDE), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en esa causa conocida como "bases AMBA".
Ni el jefe de la Armada en 2017, almirante Marcelo Srur, ni las autoridades políticas de ese momento —el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad— fueron acusados en esta causa. El juicio se limitó a los oficiales que estaban por encima del comandante del submarino, Pedro Martín Fernández.
TM