El Senado se prepara para una jornada con reformas sobre propiedad privada y Justicia

El Senado se prepara para una sesión de alto voltaje político. La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria en la que quedó formalmente convocada la sesión del próximo 16 de julio, donde el oficialismo intentará avanzar con un paquete de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno de Javier Milei.

Entre los temas centrales sobresale la reforma de la ley de propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación que propone modificaciones en el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros, incorpora un nuevo sistema de desalojos exprés para inmuebles usurpados y actualiza distintas normas vinculadas a la protección de la propiedad.

La convocatoria fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas, mientras que el interbloque peronista anticipó su rechazo al proyecto y mantiene la estrategia de no facilitar el quórum.

Propiedad privada: los cambios que busca aprobar el Senado

Tras varias modificaciones durante el debate en comisión, el texto definitivo eliminó algunos artículos originalmente impulsados por el Gobierno y mantuvo otros puntos considerados centrales para el oficialismo.

Uno de ellos elimina gran parte de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.

No obstante, se conservaron límites específicos para operaciones vinculadas con Estados extranjeros y zonas de frontera, donde seguirá siendo obligatorio contar con autorización de las provincias, del Poder Ejecutivo nacional y del Congreso.

Otro aspecto relevante es la incorporación del denominado "desalojo exprés".

La iniciativa establece un procedimiento judicial abreviado para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente, aunque limita su aplicación exclusivamente a los casos de usurpación.

En materia de alquileres, también fija un plazo de diez días para intimar formalmente el pago de una deuda antes de iniciar la acción judicial correspondiente.

Más de 30 pliegos judiciales en la agenda

Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval parlamentario para continuar en funciones una vez cumplidos los 75 años.

También será analizado el pliego del funcionario judicial Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal en Lomas de Zamora.

Ese tribunal concentra investigaciones de alto impacto político, entre ellas causas vinculadas al exintendente Martín Insaurralde.

La Ley de Hojarasca vuelve al recinto

La iniciativa propone derogar alrededor de 70 leyes que el oficialismo considera obsoletas, inaplicables o superadas por los avances tecnológicos.

Entre las normas que podrían eliminarse figura una ley sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse que obliga a informar previamente la realización de reuniones públicas en espacios cerrados y habilita la intervención policial.

También se eliminaría una norma de 1975 que obliga a radios y canales de televisión a dedicar una hora diaria a contenidos turísticos nacionales.

El quórum todavía genera incertidumbre

Aunque el acuerdo político para convocar la sesión ya fue alcanzado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, el principal interrogante continúa siendo la asistencia de los senadores.

Fuentes parlamentarias reconocen que varios legisladores podrían encontrarse de vacaciones debido al inicio anticipado del receso invernal en distintas provincias, lo que complica el panorama para reunir el número necesario de presentes.

Por esa razón, el Gobierno inició una intensa ronda de contactos con los distintos bloques para asegurar el quórum y evitar que vuelva a repetirse una sesión frustrada por falta de asistencia.

La agenda legislativa continuará en agosto

A partir del 6 de agosto, el oficialismo buscará avanzar con otros proyectos estratégicos, entre ellos la reforma de la Ley de Salud Mental, la iniciativa sobre falsas denuncias y nuevamente la Ley de Hojarasca en caso de no lograr su aprobación durante julio.

Con una agenda cargada de reformas institucionales y judiciales, el Senado se encamina a un mes decisivo para el Gobierno de Javier Milei, que necesita convertir en leyes varios proyectos considerados centrales para profundizar su programa de desregulación y reforma del Estado.

ND