Ley Adorni: por qué buscan prohibir que funcionarios tengan criptomonedas

La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública con el objetivo de incorporar una nueva incompatibilidad para quienes ocupan cargos públicos: impedir que puedan operar, comprar, vender o mantener tenencias de criptomonedas y otros activos digitales mientras ejerzan funciones y hasta un año después de dejar el cargo.

La iniciativa busca actualizar el régimen de ética pública frente al crecimiento del mercado de los criptoactivos y sostiene que las características tecnológicas de estos instrumentos dificultan el control patrimonial de los funcionarios por parte de los organismos del Estado.

En ese sentido, el proyecto plantea modificaciones tanto al régimen de incompatibilidades como al sistema de declaraciones juradas patrimoniales.

Qué cambios propone el proyecto

El texto modifica el artículo 13 de la Ley 25.188, que establece las incompatibilidades para el ejercicio de la función pública.

Actualmente, la norma ya impide, entre otras cuestiones, que un funcionario dirija o asesore empresas proveedoras del Estado o reguladas por el organismo donde desempeña funciones, así como ser proveedor del organismo en el que trabaja.

La propuesta de Propato incorpora un nuevo inciso que establece que será incompatible con el ejercicio de la función pública: "Operar, transaccionar, adquirir, enajenar de forma directa o indirecta, poseer participación o tenencia alguna en activos digitales, criptomonedas, monedas virtuales o criptoactivos basados en tecnologías de registro distribuido (DLT/Blockchain)".

La prohibición regiría desde el momento de la asunción en el cargo y se extendería hasta un año después del cese definitivo de las funciones.

Declaraciones juradas con un nuevo requisito

Además de las incompatibilidades, el proyecto modifica el artículo 6 de la Ley de Ética Pública para incorporar un nuevo requisito dentro de las declaraciones juradas patrimoniales.

De aprobarse, los funcionarios deberán presentar una manifestación expresa en la que declaren no poseer tenencias de criptomonedas, participaciones en activos digitales ni control sobre claves privadas vinculadas a esos instrumentos.

De esta manera, la iniciativa busca que la ausencia de criptoactivos forme parte de la información obligatoria que deben presentar quienes ocupan cargos públicos.

Los argumentos de la iniciativa

En los fundamentos, Propato sostiene que la irrupción de los activos digitales generó "un área de opacidad financiera que inutiliza los mecanismos de control vigentes" sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.

Según el proyecto, el sistema actual de declaraciones juradas fue diseñado para verificar que el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas guarde relación con sus ingresos legítimos, pero las características de las criptomonedas dificultan ese objetivo.

La diputada afirma que la medida "no constituye una descalificación de la tecnología en sí misma para el ámbito privado", sino una herramienta destinada exclusivamente a fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.

Los cuatro ejes que justifican la prohibición

La autora del proyecto desarrolla cuatro argumentos principales para respaldar la propuesta.

Seudonimidad y dificultades para identificar al titular

El primer punto sostiene que las redes blockchain registran las operaciones mediante direcciones alfanuméricas y no mediante la identidad de las personas.

Según los fundamentos, un funcionario podría controlar activos digitales mediante billeteras autogestionadas sin que exista un registro centralizado que vincule esas direcciones con su identidad, lo que dificultaría el control patrimonial. "La evolución patrimonial se vuelve técnicamente imposible", afirma el texto.

Herramientas de privacidad y transferencias internacionales

El segundo argumento señala que el ecosistema de las criptomonedas dispone de mecanismos que permiten dificultar el rastreo del origen y destino de los fondos.

Asimismo, destaca que la naturaleza descentralizada de estos activos facilita transferencias internacionales sin pasar por el sistema bancario tradicional.

Desde esa perspectiva, el proyecto considera que esas características reducen la capacidad de fiscalización de los organismos estatales.

Limitaciones del control sobre exchanges

La iniciativa también sostiene que la regulación vigente sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) no alcanza para garantizar un control efectivo.

Si bien reconoce que las plataformas registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) reportan información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), argumenta que ese seguimiento se limita al ingreso y egreso de dinero del sistema financiero.

Según Propato, cuando los activos son retirados hacia billeteras autogestionadas, "el Estado pierde de forma definitiva el rastro de la propiedad y de las operaciones subsiguientes".

Riesgo de cohecho e información privilegiada

El cuarto fundamento plantea que la falta de identificación directa en determinadas operaciones con criptomonedas podría facilitar modalidades de cohecho, dádivas o utilización de información privilegiada.

La diputada sostiene que la elevada volatilidad de estos mercados incrementa el riesgo de que funcionarios con acceso a información económica relevante obtengan beneficios personales mediante operaciones financieras.

Antecedentes internacionales citados

Como respaldo de la iniciativa, el proyecto menciona antecedentes internacionales que, según la autora, avanzaron en restricciones sobre determinados activos para funcionarios públicos.

Entre ellos menciona disposiciones aplicadas en la Federación Rusa para personal estratégico mediante el Decreto Presidencial N.º 778 y los debates desarrollados en el Senado de Estados Unidos alrededor del proyecto denominado "Ban Congressional Stock Trading Act", orientado a limitar determinadas inversiones de legisladores.