Un intendente de La Libertad Avanza fue suspendido y se niega a dejar el cargo

La ciudad rionegrina de Allen atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de su historia reciente. El Concejo Deliberante aprobó este miércoles la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, quien enfrenta una causa judicial por presunta administración fraudulenta y peculado.

Sin embargo, el jefe comunal rechazó la decisión, se negó a abandonar su despacho y denunció que está siendo víctima de un "golpe institucional".

La resolución profundizó una crisis política que se arrastra desde hace más de un año y que combina denuncias judiciales, enfrentamientos con el cuerpo legislativo local y una creciente tensión institucional.

El Concejo Deliberante votó su suspensión

La medida fue aprobada por seis votos contra tres y establece el apartamiento preventivo de Román mientras avanza la investigación judicial en su contra.

Además de suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, los concejales resolvieron que deje de percibir su salario hasta que exista una definición judicial sobre la causa.

La decisión se apoyó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita al Concejo Deliberante a suspender preventivamente a funcionarios procesados por delitos penales, manteniendo la posibilidad de restitución automática si finalmente resultan absueltos.

Mientras dure la suspensión, la conducción del municipio quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.

Román rechazó la medida y habló de un "golpe"

Lejos de aceptar la resolución, Marcelo Román permaneció en el edificio municipal y cuestionó la legalidad del procedimiento.

Cuando fue notificado por las autoridades del Concejo, el intendente sostuvo que "seis personas no van a decidir sobre lo que votó la mayoría del pueblo" y se negó a entregar el mando.

Horas más tarde publicó un video en sus redes sociales en el que calificó la suspensión como "un golpe de Estado constitucional municipal" y aseguró que la decisión responde a intereses políticos y partidarios.

También convocó públicamente a los vecinos de Allen a defender la voluntad popular y reiteró que continuará ejerciendo su derecho a demostrar su inocencia ante la Justicia. "Cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", expresó.

Las causas que complican al jefe comunal

La situación judicial de Román comenzó a agravarse durante 2025 luego de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas municipal.

La investigación se inició tras la renuncia de la entonces secretaria de Hacienda, quien advirtió sobre la actuación de un asesor externo que ejercía funciones similares a las de un funcionario sin contar con una designación formal.

Posteriormente surgieron cuestionamientos sobre distintos movimientos financieros del municipio.

Entre ellos sobresalen los gastos destinados a la Fiesta Nacional de la Pera, celebración para la que la administración de Román habría destinado alrededor de 576 millones de pesos, una cifra ampliamente superior a la ejecutada en ediciones anteriores.

Esas erogaciones derivaron en una investigación judicial que terminó con la imputación formal del intendente por los presuntos delitos de administración fraudulenta y peculado.

Del radicalismo a La Libertad Avanza

Marcelo Román llegó a la intendencia de Allen en las elecciones de 2023 representando a una coalición encabezada por la Unión Cívica Radical, dentro del espacio político que respaldaba al gobernador Alberto Weretilneck.

Sin embargo, pocos meses después de asumir decidió incorporarse a La Libertad Avanza y se convirtió en el primer intendente libertario de Río Negro.

Incluso llegó a ocupar la vicepresidencia provincial del partido, cargo al que renunció cuando comenzaron a profundizarse las investigaciones judiciales.

Antes de iniciar su carrera política, Román desarrolló durante más de dos décadas una trayectoria en la Policía de Río Negro, donde alcanzó el grado de comisario antes de retirarse y dedicarse a la actividad privada.

Un conflicto que ahora deberá resolver la Justicia

Mientras el Concejo Deliberante sostiene que actuó conforme a la Carta Orgánica Municipal, el intendente insiste en que la suspensión viola garantías constitucionales y anticipó que recurrirá a la Justicia para revertir la medida.

La disputa abre un escenario de fuerte incertidumbre institucional en Allen, donde conviven una causa penal en pleno desarrollo, un conflicto político cada vez más profundo y un jefe comunal que, pese a haber sido suspendido por el cuerpo legislativo, continúa resistiendo su apartamiento y promete dar batalla tanto en los tribunales como en el plano político.

ND