El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que apunta a modificar uno de los cambios introducidos por el Gobierno de Javier Milei en el sistema de salud.
La iniciativa propone restablecer la separación entre los recursos obligatorios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y las empresas de medicina prepaga, al considerar que la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo alteró el funcionamiento histórico del esquema sanitario sin el correspondiente debate parlamentario.
La propuesta no elimina la posibilidad de contratar una prepaga ni restringe la libre elección de cobertura médica, pero sí busca impedir que los aportes y contribuciones obligatorios de los trabajadores sean derivados directamente hacia empresas privadas de medicina prepaga.
Según el proyecto, esos fondos deben permanecer dentro del sistema de obras sociales para preservar su función solidaria y redistributiva.
La iniciativa de Paulón se enmarca en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que reformó distintos aspectos del sistema de salud y permitió una mayor integración entre obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Desde la visión del legislador socialista, esa reforma produjo una "confusión institucional" entre dos modelos con finalidades distintas: por un lado, la seguridad social financiada mediante aportes obligatorios y, por otro, los contratos privados de medicina prepaga.
El proyecto sostiene que ambos sistemas pueden coexistir, pero con reglas claramente diferenciadas para evitar que los recursos destinados al financiamiento solidario terminen alimentando un esquema de contratación privada.
La iniciativa modifica artículos de las leyes 23.660 de Obras Sociales y 26.682 de Medicina Prepaga con el objetivo de volver a separar ambos regímenes.
Entre los principales cambios se destacan:
De esa manera, el texto aclara que el objetivo no es limitar la competencia entre prestadores sino definir con precisión cuál es el destino de los fondos obligatorios que aportan trabajadores y empleadores.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la defensa del denominado principio de solidaridad que caracteriza al sistema de obras sociales.
Paulón sostiene que permitir que los aportes obligatorios migren directamente hacia empresas privadas debilita los mecanismos de redistribución que permiten financiar tratamientos complejos, prestaciones de alto costo y coberturas para sectores con mayores necesidades sanitarias.
En ese sentido, el proyecto remarca que el Fondo Solidario de Redisistribución constituye una herramienta esencial para compensar desigualdades dentro del sistema y que su debilitamiento podría afectar la equidad sanitaria.
En los fundamentos, el diputado cuestiona la orientación adoptada por la administración de Javier Milei al considerar que prioriza una lógica de mercado sobre el esquema solidario que históricamente caracterizó al sistema de seguridad social.
Según el texto, la derivación directa de aportes hacia entidades privadas puede producir "efectos regresivos" sobre la capacidad redistributiva del sistema y fragmentar el financiamiento sanitario según el nivel de ingresos de cada afiliado.
La iniciativa sostiene que el debate no se limita a la situación individual de quienes eligen una determinada cobertura, sino que involucra el funcionamiento global del sistema de salud y la forma en que se distribuyen los recursos públicos destinados a garantizar prestaciones.

El proyecto contempla un período de adecuación de 180 días para que la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualicen registros, padrones y plataformas administrativas.
Durante ese proceso, se establece expresamente que deberán preservarse los contratos vigentes de medicina prepaga, evitando interrupciones en la cobertura, pérdida de antigüedad o nuevas carencias para los usuarios.
Además, se prevé que la transición sea ordenada y que los afiliados reciban información clara sobre las alternativas disponibles.
Aunque el proyecto apunta a corregir un aspecto puntual de la normativa vigente, Paulón deja en claro que considera necesaria una transformación mucho más profunda del sistema sanitario argentino.
En los fundamentos recuerda que su bloque impulsa desde hace tiempo la creación de un Sistema Integrado de Salud que articule los subsistemas públicos, de la seguridad social y privado, con el objetivo de garantizar acceso universal, equidad y calidad en las prestaciones.
Según el legislador, la iniciativa presentada ahora constituye un paso previo para preservar la capacidad redistributiva del sistema de obras sociales y evitar que una futura integración del sistema sanitario se construya sobre una estructura previamente fragmentada.