La Constitución de 1949, el capítulo que Milei y Caputo pusieron en el centro de una disputa ideológica

La historia argentina volvió a convertirse en un campo de batalla política. Esta vez, el punto de discusión no es una elección, una ley o una medida económica, sino una fecha: 1949. El año en que el primer gobierno de Juan Domingo Perón impulsó una reforma constitucional que incorporó nuevos derechos sociales y modificó la relación entre el Estado, la economía y la sociedad.

La discusión reapareció luego de que el presidente Javier Milei y el asesor Santiago Caputo compartieran un gráfico del economista Ramiro Castiñeira que ubica a la Constitución de 1949 como el comienzo de un período de decadencia económica argentina. La interpretación forma parte del relato histórico que sostiene que el país abandonó en ese momento el modelo liberal de la Constitución de 1853 para avanzar hacia un esquema de mayor intervención estatal.

Pero para comprender qué significó realmente aquella reforma constitucional es necesario salir de la simplificación. La Constitución de 1949 no fue solamente una modificación jurídica: fue la expresión institucional de un cambio político y social que atravesaba a la Argentina de mediados del siglo XX.

Qué fue la Constitución de 1949

La reforma constitucional fue sancionada el 11 de marzo de 1949. Su objetivo central fue incorporar a la Carta Magna derechos que hasta entonces no tenían reconocimiento constitucional, especialmente aquellos vinculados al mundo del trabajo, la seguridad social y la función económica del Estado.

Entre sus principales incorporaciones estuvieron los denominados derechos del trabajador, que reconocían el derecho al trabajo, a una remuneración justa, al descanso, a la protección frente al despido arbitrario y a la organización sindical. También incorporó derechos de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura.

La reforma también estableció una nueva concepción sobre la propiedad privada. Sin eliminarla, afirmó que debía cumplir una función social, es decir, que el interés individual no podía desligarse del bienestar colectivo.

El Estado como protagonista 

Uno de los puntos que más cuestionan los sectores liberales es la incorporación del concepto de intervención estatal en la economía. La Constitución de 1949 estableció que el Estado podía intervenir en áreas consideradas estratégicas y declaró que ciertos recursos naturales y servicios públicos debían estar bajo control estatal.

Ese enfoque respondía a una corriente política extendida en la posguerra, donde numerosos países occidentales ampliaron el rol del Estado como regulador económico y garante de derechos sociales. No fue un fenómeno exclusivamente argentino, sino parte de una discusión global sobre el papel del Estado después de la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial.

Para sus defensores, la reforma buscaba que el crecimiento económico no quedara concentrado en pocos sectores y que los trabajadores tuvieran una protección constitucional. Para sus críticos, representó un avance excesivo del Estado sobre la iniciativa privada y la economía.

¿Fue 1949 el inicio de la decadencia argentina?

La afirmación de que la Constitución de 1949 marca el comienzo de la decadencia económica es una interpretación política, no un consenso histórico. Economistas e historiadores mantienen debates sobre las causas del estancamiento argentino y suelen señalar múltiples factores: crisis internacionales, inestabilidad institucional, golpes militares, cambios en el comercio mundial, endeudamiento, inflación y errores de política económica de distintos gobiernos.

Reducir más de siete décadas de historia argentina a una sola reforma constitucional apunta a la creación de un relato que deja afuera a los procesos complejos que atravesaron gobiernos de diferentes signos políticos. La vigencia de la Constitución de 1949 fue breve. Luego del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Perón, la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu derogó la reforma y convocó en 1957 a una nueva Convención Constituyente.

La decisión también fue motivo de controversia, ya que el peronismo se encontraba proscripto y no pudo participar plenamente de ese proceso. Desde entonces, la Constitución de 1949 quedó asociada a una de las mayores disputas sobre legitimidad institucional de la historia argentina.