11/07/2026 - Edición Nº1250

Economía

shutdown

¿Se apaga el Estado? La ley que Javier Milei impulsa copiando a Estados Unidos

11/07/2026 | El Presidente prepara un proyecto para enviar al Congreso que replica un mecanismo vigente en Estados Unidos. ¿Qué significa y qué implica?



El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al government shutdown que rige en Estados Unidos. La iniciativa cambiaría de manera sustancial el funcionamiento de la administración pública: una vez agotadas las partidas presupuestarias, determinados organismos y programas dejarían de operar hasta que el Congreso apruebe un nuevo Presupuesto o autorice una ampliación de fondos.

El mandatario explicó el alcance de la propuesta durante una entrevista con el canal de streaming Neura. "Cuando agotás el Presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado", sostuvo.

Más tarde, en declaraciones radiales, profundizó la idea al señalar que, una vez consumidos los recursos asignados, "automáticamente se apaga el Estado" hasta contar con una nueva autorización legislativa.

Cómo funciona el shutdown en Estados Unidos

El mecanismo que Milei busca replicar tiene como antecedente el sistema presupuestario de Estados Unidos. Allí, buena parte de las agencias federales dependen de partidas que deben ser aprobadas cada año por el Congreso para financiar el ejercicio fiscal, que comienza el 1° de octubre.

Cuando demócratas y republicanos no logran consensuar el presupuesto antes de esa fecha, el Congreso suele aprobar una ley transitoria de financiamiento (Continuing Resolution), que permite mantener en funcionamiento al Gobierno por un período limitado.

Sin embargo, si tampoco se sanciona esa extensión o vence el plazo establecido sin un acuerdo definitivo, se activa el denominado government shutdown. En ese escenario, numerosas agencias federales deben suspender parte de sus actividades hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento y sea promulgada por el Presidente.

No obstante, el cierre del gobierno no implica la paralización absoluta del Estado. Los gastos obligatorios, establecidos por leyes permanentes, continúan ejecutándose. En cambio, los llamados gastos discrecionales -que incluyen funciones vinculadas con defensa, educación, salud, transporte y otras áreas de la administración- quedan sujetos a la disponibilidad de partidas aprobadas por el Congreso.

De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, los gastos discrecionales representaron alrededor del 31% del gasto total de la administración federal durante 2025.

Desde 1977 se registraron al menos veinte cierres parciales del gobierno federal de más de un día de duración. En esos episodios se vieron afectados programas sociales, parques nacionales, museos y distintos organismos públicos. Además, miles de empleados estatales fueron suspendidos temporalmente o continuaron prestando servicios sin percibir salarios hasta la reapertura del Gobierno.

En 2025, durante esta segunda presidencia de Trump, tuvo lugar el cierre más largo de la historia, con 43 días de duración.

Qué cambiaría en Argentina

La propuesta representa un cambio profundo respecto del esquema vigente en la Argentina.

Actualmente, la Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no sanciona el Presupuesto antes del inicio del nuevo ejercicio, continúa vigente automáticamente el correspondiente al año anterior. Ese mecanismo permitió al Gobierno de Javier Milei administrar el Estado durante 2024 y 2025, a través de la prórroga del Presupuesto 2023, una situación inédita por extenderse durante dos años consecutivos.

Además, la normativa vigente habilita al jefe de Gabinete a reestructurar y ampliar partidas presupuestarias durante el ejercicio sin necesidad de una nueva aprobación legislativa, dentro de determinados límites establecidos por la ley.

Con el esquema planteado por el Presidente, esa lógica cambiaría. Si un organismo agotara las partidas asignadas antes de finalizar el año, ya no podría continuar ejecutando gastos hasta que el Congreso autorizara nuevos recursos.

En la práctica, esto implicaría que determinados programas, dependencias u organismos podrían suspender total o parcialmente sus actividades en caso de no contar con crédito presupuestario suficiente, trasladando al Congreso la responsabilidad de habilitar nuevas partidas para restablecer su funcionamiento.

Un cambio con impacto institucional

La iniciativa también modificaría el equilibrio actual entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria.

Mientras el sistema vigente permite sostener la ejecución del gasto mediante la prórroga del Presupuesto y sucesivas adecuaciones administrativas, el modelo inspirado en el shutdown estadounidense introduciría un límite mucho más estricto sobre la capacidad de gasto del Ejecutivo cuando se agoten las partidas autorizadas.

El proyecto aún no fue enviado al Congreso, pero anticipa un debate de alto impacto institucional. De avanzar, modificaría uno de los principales instrumentos con los que actualmente cuenta el Gobierno para administrar el presupuesto cuando no existe una nueva ley aprobada por el Parlamento.