Mendoza bajo intervención: la decisión de Isabel Perón que pateó el tablero

La muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974, desarticuló el delicado equilibrio que mantenía unidas a las distintas corrientes del justicialismo. Once días después, María Estela Martínez de Perón tomó una de las primeras decisiones de peso de su gobierno: enviar al Congreso un proyecto para intervenir federalmente la provincia de Mendoza. La medida fue anunciada el 12 de julio y reflejada en la tapa de Clarín del día siguiente. Era el primer gran movimiento político de una administración que comenzaba a redefinir el mapa interno del peronismo.

La intervención tuvo como destinatario al gobernador Alberto Martínez Baca, elegido en 1973 durante el regreso del justicialismo al poder tras casi dos décadas de proscripción. Su gestión era identificada con los sectores renovadores del movimiento y mantenía una relación cada vez más conflictiva con la conducción nacional. Desde el inicio de su mandato enfrentó una Legislatura hostil, fuertes disputas internas, conflictos sindicales y denuncias vinculadas con la administración de la empresa estatal Giol, eje de la actividad vitivinícola mendocina.

Con el paso de los meses, el enfrentamiento político paralizó el funcionamiento institucional de la provincia. Mendoza se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para la Casa Rosada, donde comenzaba a imponerse la idea de que la crisis no podía resolverse únicamente mediante acuerdos entre las autoridades provinciales.

El nuevo equilibrio de poder

Mientras Perón vivió, las profundas diferencias entre las distintas expresiones del justicialismo permanecieron contenidas bajo un liderazgo con autoridad suficiente para arbitrar los conflictos. Su muerte modificó por completo ese escenario. Isabel asumió la Presidencia en medio de una economía deteriorada, una escalada de violencia política y una interna partidaria que rápidamente comenzó a resolverse en favor del sector ortodoxo.

En ese proceso adquirió un protagonismo decisivo José López Rega. El ministro de Bienestar Social se convirtió en la figura de mayor influencia dentro del Gobierno y promovió el desplazamiento de los dirigentes identificados con la Tendencia Revolucionaria. En ese contexto, la continuidad de Martínez Baca dejó de ser vista como un problema exclusivamente mendocino para transformarse en una cuestión de estrategia política nacional.

La decisión de intervenir

El 12 de julio de 1974 el Poder Ejecutivo resolvió enviar al Congreso un proyecto para intervenir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Mendoza. La fundamentación oficial sostenía que la provincia atravesaba una grave crisis institucional que impedía el normal funcionamiento de sus instituciones y justificaba la aplicación del mecanismo previsto por la Constitución Nacional.

Sin embargo, desde el comienzo quedó claro que el debate excedía las razones jurídicas. Para la oposición y numerosos analistas de la época, la iniciativa respondía también a la decisión de consolidar el control político del Gobierno nacional sobre las provincias gobernadas por dirigentes que ya no contaban con el respaldo de la nueva conducción del justicialismo.

Mientras el proyecto iniciaba su tratamiento parlamentario, la Legislatura provincial avanzó con un juicio político contra Martínez Baca. El gobernador fue suspendido y el vicegobernador Carlos Mendoza asumió provisoriamente el Poder Ejecutivo. Lejos de resolver la crisis, esos acontecimientos aceleraron el desenlace.

El Congreso aprobó finalmente la intervención mediante la Ley 20.718, sancionada el 9 de agosto de 1974. La norma autorizó al Poder Ejecutivo a intervenir los tres poderes provinciales y designar un interventor con amplias facultades para reorganizar la administración mendocina. El elegido por Balcarce 50 fue Antonio Cafiero.

Un anticipo de la crisis que vendría

La intervención de Mendoza constituyó mucho más que la solución a un conflicto provincial. Marcó el inicio de una nueva etapa política caracterizada por el fortalecimiento del sector ortodoxo del peronismo y por la creciente influencia de López Rega en las decisiones del Gobierno.

Durante los meses siguientes se profundizaron las disputas internas del justicialismo, crecieron las acciones de la organización parapolicial Triple A y la violencia política alcanzó niveles cada vez más preocupantes. Al mismo tiempo, la crisis económica se agravó, la inflación se aceleró y el Gobierno comenzó a enfrentar crecientes dificultades para sostener su autoridad.

Con el paso del tiempo, la intervención federal de Mendoza fue interpretada por buena parte de la historiografía como uno de los primeros síntomas del progresivo deterioro institucional que marcaría la presidencia de Isabel Perón. Aquella decisión mostró que el equilibrio construido por Perón había desaparecido y que el Gobierno optaba por disciplinar las diferencias internas mediante el uso de las herramientas del poder federal.