Subsidios
13/07/2026 - Edición Nº1252
Política
Boletín Oficial
Milei extendió la emergencia energética al 2027: cómo pega en las tarifas
13/07/2026 | El Gobierno asegura que continuará avanzando en la reducción progresiva de la diferencia entre el costo real de la energía y el precio que pagan los usuarios.
Uno de los argumentos centrales del decreto está vinculado con la política de subsidios energéticos.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, mediante el cual prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.
La medida, publicada este lunes 13 de julio en el Boletín Oficial, extiende un régimen excepcional que había sido declarado inicialmente en diciembre de 2023 y que ya había sido prorrogado en dos oportunidades.
Según argumentó el Gobierno, persisten "riesgos técnicos, operativos, económicos, financieros y regulatorios" que impiden dar por finalizada la emergencia.
Con esta decisión, la administración libertaria busca mantener las herramientas regulatorias necesarias para continuar con la reforma del mercado eléctrico, la reducción gradual de subsidios, la normalización de CAMMESA y la ejecución de obras de infraestructura consideradas estratégicas para el sistema.
El objetivo: coordinar la reforma del sistema eléctrico y del gas
Uno de los principales argumentos del Poder Ejecutivo es que ambos sistemas funcionan de manera interdependiente.
El decreto sostiene que el gas natural continúa siendo un insumo fundamental para la generación térmica de electricidad, por lo que cualquier modificación en el sistema gasífero repercute directamente sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
En ese sentido, la norma explica que la reciente reconfiguración del sistema nacional de transporte de gas natural obliga a mantener una coordinación regulatoria entre ambos sectores para garantizar el abastecimiento energético y evitar desequilibrios operativos.
"La coordinación entre las medidas adoptadas en materia de transporte y distribución de gas natural y aquellas necesarias para la normalización del MEM hace imperativo equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia", sostiene el decreto.
Qué dice el Gobierno sobre el estado del sistema eléctrico
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo afirma que, pese a las reformas implementadas desde diciembre de 2023, todavía existen problemas estructurales que justifican mantener el régimen excepcional.
Entre los principales datos incluidos en el decreto aparecen:
- durante febrero de 2025 la demanda máxima alcanzó los 30.257 megavatios;
- el margen operativo disponible fue de apenas 4,4%;
- más del 60% de las fallas en distribución corresponden a alimentadores con más de 25 años de antigüedad;
- numerosas estaciones transformadoras operan con niveles superiores al 90% de utilización;
- durante 2025 sólo se incorporaron 154 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y 1.580 MVA de capacidad de transformación, cifras que el Gobierno considera insuficientes frente a las necesidades del sistema.
Según el texto oficial, estas condiciones mantienen elevados los riesgos para la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico.
"La mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia", señala el decreto.
La continuidad de la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista
Uno de los ejes de la prórroga es permitir que continúe la transformación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), proceso iniciado durante la actual gestión.
El Ejecutivo recuerda que durante 2025 comenzó un período de transición de dos años para adaptar el nuevo marco regulatorio eléctrico.
Entre las medidas previstas figuran:
- avanzar hacia una mayor competencia entre empresas;
- promover contratos bilaterales de compra y venta de energía;
- reducir la participación directa de CAMMESA;
- revisar la normativa dictada durante los años de emergencia;
- incentivar inversiones privadas;
- fortalecer mecanismos de almacenamiento y confiabilidad del sistema.
El Gobierno sostiene que estos cambios todavía están en etapa de implementación y que interrumpir el régimen excepcional podría generar "discontinuidades regulatorias, operativas o financieras".
Subsidios y tarifas: continuará la reducción gradual
Otro de los argumentos centrales del decreto está vinculado con la política de subsidios energéticos.
El Gobierno asegura que continuará avanzando en la reducción progresiva de la diferencia entre el costo real de la energía y el precio que pagan los usuarios subsidiados.
Según datos oficiales incluidos en la norma, durante mayo de 2026 el Precio Estacional abonado por usuarios residenciales con subsidios representó aproximadamente el 24% del costo de referencia del sistema.
Para el Ejecutivo, todavía existe una brecha significativa que deberá corregirse de manera gradual mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025.
La intención oficial es avanzar hacia un sistema económicamente sustentable, reduciendo la dependencia de los aportes del Tesoro Nacional.
CAMMESA y la mejora en la cadena de pagos
El decreto también destaca la recuperación financiera del Mercado Eléctrico Mayorista.
De acuerdo con los datos oficiales, cuando asumió la actual administración la cobrabilidad de CAMMESA rondaba el 48%, mientras que actualmente alcanza aproximadamente el 97%.
El Gobierno atribuye esa mejora a la recomposición tarifaria; los acuerdos de regularización de deudas; la focalización de subsidios y la normalización del mercado eléctrico.
No obstante, advierte que esa recuperación aún debe consolidarse para evitar volver a depender de transferencias del Estado.
Obras de infraestructura que siguen en marcha
Entre los fundamentos del DNU también aparecen las principales obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico que continúan en ejecución.
El Gobierno menciona proyectos considerados prioritarios como:
- AMBA I;
- la línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O'Higgins;
- la línea de 500 kV Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca.
Según explica el decreto, estas iniciativas requieren varios años para su licitación, financiamiento y construcción, por lo que resulta necesario conservar herramientas regulatorias excepcionales hasta que entren en funcionamiento.
