El balance a nueve meses de la tregua en Gaza contradice cada promesa del acuerdo impulsado por Estados Unidos. Las autoridades sanitarias del enclave contabilizan más de 1.100 personas muertas desde que se anunció el alto el fuego, mientras los bombardeos no se detuvieron y la ocupación terrestre siguió expandiéndose bajo la denominada Línea Amarilla.
El bloqueo no es sólo militar sino también político. El comité tecnocrático que debía asumir la administración de la Franja tras la disolución del gobierno de Hamás todavía no logró ingresar al territorio, y el sistema humanitario que sostiene a la población civil -el agua, la salud y el saneamiento- se encuentra al borde del colapso a esta altura de 2026.
El acuerdo impulsado por Washington fijaba cuatro compromisos centrales que hoy permanecen mayormente incumplidos. La hoja de ruta contemplaba un alto el fuego efectivo, la entrada sostenida de ayuda humanitaria, el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí del enclave. A nueve meses del anuncio, ninguno de esos cuatro pilares se cumplió en su totalidad.
El contraste entre lo pactado y lo que ocurre sobre el terreno es total. Los ataques continúan de forma diaria, el ingreso de asistencia sigue restringido y la presencia militar israelí no sólo no se retiró sino que amplió su control territorial mediante la Línea Amarilla. Esa distancia entre el papel y la realidad es la que define la etiqueta de tregua fallida con la que se describe hoy el proceso abierto hace nueve meses.
El costo humano del alto el fuego incumplido supera las 1.100 muertes desde su inicio, según el conteo de las autoridades sanitarias gazatíes. Ese número convive con un balance mucho mayor: desde 2023, las mismas autoridades reportan al menos 73.221 fallecidos, una cifra que la ONU toma como referencia y en la que predominan los civiles, con alrededor de un tercio correspondiente a menores de edad.
Son datos atribuidos a una de las partes del conflicto y no verificados de manera independiente, una salvedad necesaria para leerlos con rigor. Aun así, constituyen la principal vara disponible para medir el impacto de una tregua que, en los hechos, no frenó la mortalidad: las más de 1.100 muertes registradas en nueve meses muestran que el alto el fuego funcionó como una etiqueta y no como una realidad sobre el terreno.

El deterioro de los servicios básicos empujó al sistema sanitario gazatí a una situación límite. El Ministerio de Sanidad local reporta que alrededor del 70% de las ambulancias quedó fuera de servicio, lo que reduce de forma drástica la capacidad de respuesta ante los heridos que dejan los bombardeos diarios. Sin transporte para evacuar y trasladar pacientes, cada nuevo ataque multiplica el riesgo de muertes evitables.
Al colapso de la atención se suma un brote sanitario que anticipa una crisis epidemiológica. En las últimas dos semanas se identificaron unos 9.300 casos de varicela, un indicador directo del hacinamiento y del quiebre de las condiciones de higiene en los refugios. El agua potable, la salud y el saneamiento colapsan de forma simultánea, una combinación que agrava el riesgo de epidemias sobre una población desplazada y sin acceso estable a la asistencia humanitaria.
La ampliación de la ocupación terrestre se organiza alrededor de la llamada Línea Amarilla, que redefine el mapa de control sobre el enclave. El avance israelí sobre nuevas áreas dejó a habitantes de Gaza sin instrucciones claras sobre qué se espera de ellos frente a esa demarcación, según un testimonio difundido por Naciones Unidas que refleja el desconcierto de la población civil desplazada.
Lejos de la retirada gradual que preveía el acuerdo, la presencia militar consolidó posiciones y trasladó a miles de personas la incertidumbre sobre hasta dónde pueden moverse. La Línea Amarilla se convirtió así en el símbolo más visible del incumplimiento: en lugar de repliegue, hubo expansión territorial, y en lugar de un alto el fuego, una tregua que sobre el terreno funciona como continuación de la guerra iniciada en 2023.

En el plano político, Hamás anunció la disolución de su Gobierno en Gaza para dar paso a un comité tecnocrático, una de las condiciones explícitas de la hoja de ruta de Washington. El portavoz del grupo, Hazem Qassem, presentó ese paso como una forma de eliminar cualquier pretexto de la ocupación para sostener una ofensiva que definió como una guerra de exterminio.
El gesto, sin embargo, no destrabó la transición. El comité que debía administrar el enclave todavía no pudo ingresar, porque Israel exige el desarme previo de Hamás como condición para permitir el traspaso de la autoridad civil. El resultado es un bloqueo político que deja a la Franja sin una administración operativa en plena emergencia humanitaria, con dos partes que se responsabilizan mutuamente del estancamiento a nueve meses del acuerdo.
Estados Unidos mantiene la conducción del proceso a través de la Junta de Paz que encabeza el presidente Donald Trump. Esa instancia impulsa la preparación de refugios humanitarios en zonas bajo control israelí, una iniciativa que busca contener la emergencia sanitaria sin resolver el bloqueo de fondo sobre el ingreso del comité tecnocrático ni sobre la normalización de la ayuda.
La arquitectura diplomática diseñada para ordenar la posguerra convive con un terreno en el que ninguno de los compromisos firmados se cumplió. Instalar refugios en áreas que el ejército israelí controla no equivale a garantizar la retirada, el desarme ni la ayuda sostenida que preveía la hoja de ruta, y por eso la mediación internacional queda expuesta frente a la realidad cotidiana de un enclave donde ya murieron más de 1.100 personas desde el inicio del alto el fuego.

El estancamiento define un escenario en el que cada semana sin acuerdo suma víctimas y erosiona lo que quedaba de la hoja de ruta. Con más de 1.100 muertos desde el inicio del alto el fuego y un sistema de salud con el 70% de sus ambulancias inutilizadas, la continuidad del bloqueo político equivale, en la práctica, a la prolongación de la guerra bajo otro nombre. Cada día que el comité tecnocrático permanece fuera del enclave prolonga el vacío de gestión civil que debía ordenar la reconstrucción y la distribución de ayuda.
Lo que se decida en torno al desarme de Hamás y al ingreso del comité tecnocrático determinará si la tregua puede pasar del papel a los hechos o si el balance de 73.221 muertos desde 2023 seguirá ampliándose. La ayuda humanitaria, condicionada por el avance de la Línea Amarilla y por el 70% de ambulancias fuera de servicio, es la variable que define si la emergencia sanitaria se contiene o deriva en las epidemias que ya anticipan los 9.300 casos de varicela detectados en dos semanas.
El acuerdo se presentó como el punto final de una guerra que, desde 2023, dejó al menos 73.221 muertos según las autoridades gazatíes, con amplia mayoría de civiles y un tercio de menores. Nueve meses después, el contraste es evidente: el alto el fuego prometía un cambio de fase y, en cambio, sostuvo la mortalidad, profundizó el colapso humanitario y consolidó una ocupación territorial más amplia que la del inicio del proceso. La tregua quedó reducida a una etiqueta política mientras el enclave acumula muertos, desplazados y un sistema de servicios básicos en ruinas. Ese registro, atribuido a una de las partes y tomado como referencia por la ONU, es la medida más citada del costo de un conflicto que la tregua no logró cerrar.

El futuro inmediato de la tregua depende de un nudo sin resolver al 13 de julio de 2026: Israel condiciona el traspaso al comité tecnocrático al desarme de Hamás, mientras el grupo mantiene su rechazo amparado en la continuidad de los ataques. La señal a vigilar es si el comité logra finalmente ingresar al enclave y si el ingreso de ayuda humanitaria se normaliza; hasta que eso ocurra, el alto el fuego seguirá existiendo sólo en el papel y la cifra de más de 1.100 muertos desde el inicio del acuerdo continuará creciendo.