Una empleada del Poder Judicial prometía empleos y cobraba hasta un millón de pesos

La ilusión de conseguir un trabajo estable en el Estado terminó convirtiéndose en una presunta maniobra de estafa que dejó 17 víctimas y un perjuicio superior a los 9,5 millones de pesos. La principal acusada es Gisela S., una empleada del Poder Judicial de Misiones, quien este lunes fue indagada en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas, aunque optó por no declarar.

La investigación, encabezada por el fiscal René Casals, sostiene que la mujer ofrecía supuestos ingresos a distintos organismos públicos provinciales a cambio de importantes sumas de dinero. Según la causa, las falsas promesas se realizaron entre marzo y mayo de 2026.

Cómo era la maniobra para captar a las víctimas

De acuerdo con la pesquisa, la imputada se comunicaba con los interesados a través de WhatsApp, donde les aseguraba que podía gestionar puestos de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai), la Municipalidad de Posadas y otros organismos estatales.

Para avanzar con las supuestas contrataciones exigía pagos cercanos a los 500 mil pesos por contratos temporarios y hasta un millón de pesos para acceder a cargos en planta permanente. El dinero debía ser transferido a cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre, mientras que también solicitaba fotografías de los documentos personales de cada postulante.

Las conversaciones continuaban durante semanas. En los mensajes, la mujer insistía en que el ingreso era inminente y transmitía tranquilidad a quienes habían entregado el dinero.

Víctimas que vendieron sus bienes para pagar

Los investigadores determinaron que la mayoría de los damnificados eran vecinos de la zona oeste de Posadas que atravesaban una situación de vulnerabilidad económica y veían en esas ofertas la posibilidad de acceder a un empleo estable. Algunos incluso vendieron animales y otras pertenencias para reunir el dinero exigido.

Una de las denunciantes realizó una importante transferencia correspondiente a ella y a sus dos hijos mayores. Incluso, a mediados de mayo, la acusada mantuvo una reunión presencial con varios de los postulantes, donde volvió a asegurar que los ingresos estaban próximos a concretarse.

Sin embargo, al consultar directamente en los organismos públicos, las víctimas comprobaron que no existía ningún trámite iniciado.

Cuando comenzaron los reclamos, la sospechosa volvió a pedir dinero con el argumento de que luego devolvería las sumas cuando un supuesto superior le reintegrara los fondos. Poco después, dejó de responder llamadas y mensajes.

La denuncia fue presentada el 23 de junio. El abogado Federico Padolsky, representante de los damnificados y quien pidió constituirse como querellante, incorporó al expediente chats de WhatsApp y comprobantes de las transferencias realizadas.

Entre las conversaciones aportadas aparecen mensajes como: "Junten el máximo que puedan y así poder darles posibilidades a todos ustedes que pasen a planta permanente" y "Usted quédese tranquilo que para fin de mes va a firmar y poder cobrar su primer sueldo".

Para el letrado, la maniobra tuvo un fuerte impacto social. "Literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos. Se metió con gente que estaba en situación de vulnerabilidad", sostuvo al referirse al caso.