Legislatura bonaerense
14/07/2026 - Edición Nº1253
Política
Legislatura
VTV desregulada en PBA: el proyecto de un diputado de UxP con aroma a Milei
14/07/2026 | Se trata de una iniciativa de Ricardo Lissalde y se contrapone con los argumentos que dio el gobierno de Axel Kicillof.
El proyecto ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el legislador de Unión por la Patria, Ricardo Lissalde, propone una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), con un enfoque que se asemeja al impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei y que contrasta con la postura adoptada por la administración bonaerense de Axel Kicillof, que decidió mantener el esquema vigente.
La iniciativa plantea eliminar las restricciones territoriales del sistema actual, reconocer como válidas las verificaciones realizadas en talleres habilitados de cualquier jurisdicción del país y abrir el mercado para que Nación, municipios y otros organismos competentes puedan autorizar nuevos centros de inspección.
Qué propone el proyecto
La iniciativa establece que tendrán "plena validez legal" para circular dentro de la provincia de Buenos Aires todas las Verificaciones Técnicas Vehiculares realizadas en talleres habilitados por autoridades nacionales, provinciales o municipales, conforme a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
En la práctica, esto significa que un automovilista bonaerense podría realizar la revisión técnica fuera de la provincia y utilizar esa certificación para circular legalmente dentro del territorio bonaerense.
Además, el proyecto dispone que los talleres de VTV puedan ser habilitados indistintamente por autoridades nacionales, provinciales o municipales, ampliando significativamente la cantidad de potenciales prestadores del servicio.
Finalmente, incorpora una cláusula derogatoria para dejar sin efecto todas las normas que se opongan al nuevo régimen.
El objetivo: terminar con el esquema de monopolios
En los fundamentos, Lissalde sostiene que el actual sistema responde a un modelo diseñado hace más de dos décadas, cuando la Provincia dividió el territorio en once zonas concesionadas a empresas privadas que recibieron exclusividad para realizar las verificaciones de los vehículos radicados en cada región.
Según el diputado, ese esquema tuvo sentido inicialmente para amortizar las inversiones realizadas por los concesionarios, pero considera que hoy esa justificación desapareció.
El texto afirma que "el sistema de Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires requiere una reforma estructural que elimine, de manera definitiva, las barreras monopólicas que restringen la libertad de los ciudadanos y encarecen los costos de mantenimiento del parque automotor".
De acuerdo con la iniciativa, las sucesivas prórrogas de las concesiones consolidaron un mercado altamente concentrado y redujeron la competencia entre prestadores.
Igualdad con otras provincias
Uno de los principales argumentos del proyecto apunta a lo que considera una desigualdad entre los vehículos bonaerenses y aquellos radicados en otras provincias.
Actualmente, un automóvil registrado fuera de Buenos Aires puede ingresar y circular por territorio bonaerense con la revisión técnica realizada en su jurisdicción de origen. Sin embargo, un vehículo patentado en la provincia debe efectuar obligatoriamente la VTV dentro del sistema bonaerense.
Para Lissalde, esa diferencia carece de fundamento. El proyecto sostiene que "resulta un contrasentido inadmisible que un vehículo radicado en territorio bonaerense esté obligado a verificar exclusivamente en un taller radicado y habilitado solo por y dentro de la provincia, mientras que un automóvil radicado en cualquier otra provincia puede circular libremente por nuestras rutas con una certificación expedida en su jurisdicción de origen".
Más competencia y posibles bajas de costos
La propuesta también apunta a ampliar la oferta de centros de verificación. El texto plantea que tanto la Nación —a través de sus plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)— como los municipios puedan habilitar nuevos establecimientos.
Según los fundamentos, ello permitiría incrementar rápidamente la cantidad de talleres disponibles, mejorar la cercanía para los usuarios y generar una competencia que derive en una reducción de tarifas.
En ese sentido, el proyecto señala que "se instituye un sistema de competencia abierta", con prestadores privados, estatales y municipales compitiendo entre sí.
Seguridad vial, pero sin fines recaudatorios
Lissalde aclara que la iniciativa no busca flexibilizar los controles técnicos ni disminuir las exigencias de seguridad.
Por el contrario, sostiene que el objetivo consiste en mantener las verificaciones obligatorias, pero con un esquema descentralizado y competitivo.
"La iniciativa no busca relajar las exigencias de seguridad, ni el control de emisiones contaminantes del parque automotor; por el contrario, busca abrir y descentralizar el control para tornarlo más eficiente, accesible y transparente", sostiene el proyecto.
Asimismo, argumenta que el sistema actual terminó adquiriendo una finalidad "recaudatoria y monopólica", alejándose de su objetivo original vinculado con la seguridad vial.
Un planteo alineado con la desregulación nacional
La propuesta guarda varios puntos de contacto con la reforma impulsada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 139/2026 y la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.
La normativa nacional eliminó el sistema de exclusividad de las plantas tradicionales, habilitó el ingreso de nuevos prestadores, permitió que concesionarias y talleres mecánicos autorizados realicen la revisión técnica, flexibilizó los plazos de inspección para vehículos particulares, avanzó hacia la digitalización de la oblea y eliminó valores tarifarios de referencia para favorecer la competencia.
El objetivo declarado por la administración nacional fue reducir costos, aumentar la oferta de centros de verificación y eliminar posiciones dominantes en el mercado.
La diferencia con la postura del Gobierno bonaerense
Sin embargo, las modificaciones nacionales no tienen aplicación automática en las provincias.
La Provincia de Buenos Aires decidió no adherir al nuevo esquema impulsado por la Nación y mantener vigente el sistema tradicional de VTV, con las concesiones existentes y los plazos actualmente establecidos.
En ese contexto, el proyecto de Lissalde introduce una posición distinta dentro del propio espacio de Unión por la Patria, al promover una desregulación del sistema provincial basada en una mayor competencia entre prestadores y en el reconocimiento de las verificaciones realizadas en cualquier jurisdicción del país.
La VTV permite detectar fallas mecánicas y evitar siniestros viales.
— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) June 3, 2026
Toda modernización es bienvenida si mejora el servicio y fortalece los controles. Pero la seguridad vial no puede quedar librada al mercado.
En #ProvinciaBA, decide la Provincia. Y decidimos cuidar la vida. pic.twitter.com/46bZC46Ex1
