Cacerolazo y "ruidazo" contra Macri: qué pasó el 15 de julio de 2016

El 15 de julio de 2016 quedó registrado como una de las primeras grandes manifestaciones de alcance nacional contra el gobierno de Mauricio Macri.

Apenas siete meses después del inicio de su gestión, miles de personas participaron de un "ruidazo" y cacerolazo en distintos puntos del país para rechazar el fuerte incremento en las tarifas de gas, electricidad y agua, una de las medidas económicas más controvertidas de los primeros meses de Cambiemos.

La protesta coincidió con un momento de alta tensión política y judicial. Mientras el Gobierno defendía la actualización tarifaria como una medida necesaria para recomponer el sistema energético, distintos fallos de la Justicia habían comenzado a frenar su aplicación y la oposición impulsaba iniciativas legislativas para intentar retrotraer los aumentos.

Diez años después, aquel cacerolazo continúa siendo recordado como uno de los primeros desafíos masivos que enfrentó la administración de Macri en las calles.

El contexto: el tarifazo que generó una fuerte reacción social

Durante el primer semestre de 2016, el Gobierno nacional avanzó con una profunda recomposición de las tarifas de los servicios públicos, argumentando que existía un esquema de subsidios insostenible heredado de la administración anterior.

Los aumentos alcanzaron porcentajes que, en algunos casos, superaban ampliamente el 400% en las facturas de gas, generando reclamos de usuarios particulares, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de consumidores y distintos sectores políticos.

El malestar se amplificó por la llegada de las primeras boletas con los nuevos valores y por las dificultades económicas que atravesaban numerosos hogares para afrontar esos costos.

Un "ruidazo" que se extendió por todo el país

La convocatoria surgió inicialmente desde organizaciones sociales, agrupaciones políticas opositoras, sectores de izquierda y espacios vinculados al kirchnerismo. Sin embargo, con el correr de las horas, el reclamo se extendió a numerosos barrios y ciudades mediante una modalidad descentralizada.

El Obelisco fue uno de los principales puntos de concentración en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hubo manifestaciones en Plaza de Mayo y en múltiples esquinas porteñas, donde vecinos golpeaban cacerolas, hacían sonar llaves y acompañaban con aplausos y bocinazos.

Las protestas también se replicaron en localidades del conurbano bonaerense y en ciudades como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Paraná, San Salvador de Jujuy y otros centros urbanos.

En muchos casos, las consignas apuntaban directamente contra el aumento de las tarifas y contra el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Entre los carteles podían leerse frases como "No al tarifazo", "Afuera Aranguren" o "Nos está asfixiando".

La respuesta del Gobierno

Mientras las protestas se desarrollaban en distintas ciudades, el presidente Mauricio Macri no realizó declaraciones públicas sobre la movilización.

Las respuestas llegaron a través de integrantes del oficialismo, que minimizaron el carácter espontáneo de la protesta y sostuvieron que había existido una importante participación de sectores políticos opositores.

La entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó que la gente se manifestó "libremente aunque claramente se vieron algunos personajes del kirchnerismo duro realizando la protesta y llevando militantes".

En la misma línea, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo: "Fueron movilizados por el kirchnerismo duro, pero no descarto que algún vecino lo haya hecho".

Por su parte, el diputado nacional Pablo Tonelli adoptó una posición más moderada al señalar que "se trató de una manifestación que hay que tener en cuenta", aunque agregó que "no hacen falta los cacerolazos porque este gobierno está abierto al diálogo".

La oposición convirtió la protesta en una señal política

Desde el Frente para la Victoria y otros espacios opositores interpretaron la masiva convocatoria como una advertencia temprana para la administración nacional.

El diputado Rodolfo Tailhade sostuvo entonces que "el fuerte reclamo popular a siete meses de haber asumido el gobierno es una seria advertencia para Macri y una señal de que los ciudadanos no quieren el regreso al neoliberalismo".

También rechazó la idea de que la protesta hubiera sido exclusivamente organizada por sectores kirchneristas y afirmó que "la participación ciudadana contra el tarifazo excedió a las pertenencias políticas".

En paralelo, dirigentes como Martín Sabbatella señalaron que las movilizaciones demostraban "el empoderamiento de nuestra sociedad" frente a las políticas económicas del Gobierno.

Desde otros sectores opositores también hubo respaldo al reclamo. El entonces diputado Facundo Moyano consideró que "es un hecho a reivindicar que la ciudadanía se exprese frente a una situación de injusticia que atenta contra el bolsillo de los sectores más vulnerables".

Fernando "Chino" Navarro, referente del Movimiento Evita, cuestionó que "mientras se le pide al pueblo un esfuerzo, transfieren ganancias extraordinarias a las empresas gasíferas".

La batalla judicial que complicaba al Gobierno

El cacerolazo se produjo mientras la discusión por las tarifas también se trasladaba a los tribunales.

Pocos días antes, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata había dejado sin efecto el aumento del gas para todo el país, al considerar que existían cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para aplicar las nuevas tarifas.

El Gobierno presentó un recurso extraordinario para intentar revertir esa decisión y entendía que esa apelación suspendía automáticamente los efectos del fallo.

Sin embargo, la Cámara aclaró expresamente que "la mera interposición del recurso extraordinario por el Estado Nacional no afecta la fuerza de la sentencia definitiva de esta Cámara ni suspende su ejecutoriedad".

Como consecuencia, el Ministerio de Energía debió frenar la implementación administrativa de los nuevos topes tarifarios mientras continuaba la disputa judicial.

El caso terminaría meses después en la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la realización de audiencias públicas antes de aplicar nuevos aumentos para los usuarios residenciales de gas.