Los diputados nacionales Agustín Rossi y Germán Martínez, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de resolución para citar al ministro de Defensa, Carlos Presti, a la Cámara de Diputados con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la política de desafectación de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados bajo su órbita.
En los fundamentos, Rossi y Martínez señalan que el propósito de la citación no es únicamente que el ministro informe sobre actos administrativos ya concretados, sino que explique la política pública que sustenta las desafectaciones.
"El objetivo es ejercer la función de control sobre una política pública con consecuencias permanentes e irreversibles", sostienen.
Los legisladores afirman que las decisiones sobre inmuebles vinculados a la defensa nacional exceden una cuestión patrimonial o inmobiliaria y están directamente relacionadas con la organización territorial y la capacidad operativa del Instrumento Militar argentino.
El proyecto sostiene que el Gobierno nacional lleva adelante una política de venta, privatización y eventual transferencia de bienes estatales que también alcanza a inmuebles bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa.
En ese sentido, los diputados consideran que la desafectación de esas propiedades "configura una orientación del Gobierno respecto del patrimonio estratégico del Estado Nacional y de la organización territorial del Instrumento Militar".
Asimismo, plantean que el Congreso debe conocer cuáles son los mecanismos de evaluación utilizados para determinar qué inmuebles son considerados prescindibles y cuáles son los procedimientos de autorización y control aplicados por la cartera de Defensa.
"La ausencia de información pública genera incertidumbre respecto del resguardo del patrimonio estatal y de la adecuada protección de los intereses permanentes de la Nación", argumentan.

Como ejemplo del proceso de desafectación, la iniciativa menciona distintas operaciones realizadas durante el primer semestre de 2026.
Entre ellas figuran:
Según los autores, estos casos evidencian que la política alcanza distintas regiones del país y amerita un debate parlamentario.
Rossi y Martínez recuerdan que en marzo de este año, junto a otros diputados de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley destinado a preservar los bienes inmuebles del Estado Nacional que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y sus organismos descentralizados.
De acuerdo con los fundamentos, la iniciativa legislativa surgió ante lo que consideran un proceso creciente de desafectación de activos estratégicos vinculados a la defensa nacional.
Ahora, al señalar que ese proyecto aún no fue tratado por el Congreso, los legisladores sostienen que resulta necesario convocar al ministro para que explique las decisiones adoptadas hasta el momento.
El proyecto también contextualiza el origen normativo de estas operaciones. Según Rossi y Martínez, el proceso de enajenación de inmuebles estatales se apoya en el Decreto 950/2024, publicado en octubre de 2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso avanzar con procesos de venta que habían sido autorizados durante la administración de Mauricio Macri, pero que no se habían concretado.
Los diputados recuerdan que esa norma reactivó procedimientos previstos en distintos decretos y decisiones administrativas dictadas entre 2016 y 2019 para la enajenación de inmuebles del Estado Nacional.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el valor estratégico que, según sus autores, poseen los inmuebles afectados.
Los diputados sostienen que muchos de esos predios cumplen funciones vinculadas con el despliegue territorial, la logística, el adiestramiento y el sostenimiento de las Fuerzas Armadas: "No son bienes ociosos ni meramente disponibles desde el punto de vista financiero".
En esa línea, consideran que una eventual venta podría implicar la pérdida definitiva de infraestructura cuya recuperación sería difícil o imposible en el futuro.
Otro de los puntos incorporados en los fundamentos hace referencia a un memorándum interno del entonces Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el que se habría identificado un listado de más de 40 inmuebles distribuidos en distintas provincias.
Los diputados mencionan que, tras la disolución del IOSFA mediante el DNU 88/2026 y la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), existe incertidumbre sobre el destino de esos activos, entre los que se incluyen hoteles, delegaciones, centros recreativos, farmacias y sedes administrativas.
Según el proyecto, una eventual transferencia de esos bienes sin una evaluación estratégica podría afectar recursos vinculados al bienestar del personal militar.