El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea terminó su reunión del lunes 13 de julio sin un acuerdo para restringir el comercio con productos originarios de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Alemania defendió que una decisión de esa naturaleza debía reunir el consentimiento de los 27 Estados miembros y priorizó la continuidad del diálogo diplomático con Israel. La posición alemana se volvió decisiva dentro de un bloque que también presentó reparos políticos y jurídicos. El encuentro concluyó sin prohibiciones, aranceles adicionales ni nuevas licencias de importación aprobadas.
La prohibición total o parcial de las importaciones procedentes de los asentamientos fue la alternativa que acumuló mayor respaldo entre los Veintisiete. El documento preparado por la Comisión Europea también contemplaba aplicar aranceles capaces de reducir la viabilidad de ese intercambio o establecer un sistema específico de licencias para controlar el ingreso de los productos. Sin embargo, el Consejo no comunicó una votación formal sobre ninguna de esas posibilidades. La falta de consenso dejó pendiente una medida que cuenta con apoyo mayoritario, pero todavía no tiene un procedimiento de aprobación definido.
La controversia decisiva no fue solo política, sino jurídica, porque las instituciones europeas mantienen interpretaciones diferentes sobre la base normativa de una eventual restricción comercial. La Comisión Europea considera que las opciones presentadas forman parte de la política exterior del bloque y, por lo tanto, requieren unanimidad. Los servicios jurídicos del Consejo sostienen que una prohibición limitada al comercio puede tramitarse como una medida de política comercial común. Esta segunda interpretación permitiría tomar la decisión mediante una mayoría cualificada y evitaría que un solo Estado pudiera impedir su aprobación.
Una mayoría cualificada exige al menos 15 de los 27 Estados miembros y que esos países representen el 65% de la población de la Unión. España, Irlanda, Bélgica y otros gobiernos respaldaron avanzar con restricciones, mientras Alemania, Italia y Lituania reclamaron que cualquier medida tuviera el consentimiento de todas las capitales. España ya aplica una prohibición nacional sobre productos originarios de los asentamientos desde finales de 2025. La elección del fundamento jurídico determinará si el respaldo existente resulta suficiente o si la propuesta continuará bloqueada por la exigencia de unanimidad.

La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024 consideró que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este se mantienen en violación del derecho internacional. Ese antecedente sostiene el reclamo de los gobiernos que promueven la interrupción del comercio capaz de contribuir al mantenimiento de esa situación. Sin embargo, el pronunciamiento internacional no determina qué procedimiento interno debe utilizar la Unión Europea para aprobar una restricción. El debate en Bruselas combina así una obligación jurídica exterior con una disputa institucional sobre las competencias comerciales y diplomáticas del bloque.

El próximo paso dependerá de que la Comisión convierta el documento de opciones en una propuesta formal y defina con precisión su fundamento jurídico. Hasta que eso ocurra, la Unión Europea continuará aplicando el trato aduanero diferenciado vigente, pero sin una prohibición común para los productos de los asentamientos. Para la Argentina, el episodio constituye un antecedente institucional relevante sobre la manera en que Europa adopta decisiones comerciales sensibles. Por ahora, la medida permanece pendiente y su futuro depende más del mecanismo de votación que de la cantidad de gobiernos que la respaldan.