La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), que agrupa a las empresas de transporte marítimo y fluvial con bandera argentina, salió este martes a responder a versiones sobre una posible apertura del cabotaje a buques extranjeros.
En un comunicado, la entidad pidió que cualquier cambio en las reglas se haga con condiciones "parejas" entre las empresas argentinas y las extranjeras, para evitar que el transporte por los ríos y el mar argentino termine en manos de compañías de otros países.
El comunicado llega en medio de una nueva ofensiva del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que impulsa un proyecto de ley para abrir el cabotaje —el transporte de cargas entre puertos argentinos— a empresas extranjeras.
El cabotaje es el transporte de mercadería entre dos puntos dentro del mismo país. En este caso, se trata del traslado de cargas entre puertos argentinos, ya sea por los ríos (como el Paraná) o por el mar.
Hoy, ese servicio lo prestan mayormente empresas con bandera argentina, que están obligadas a cumplir con las leyes laborales, impositivas y de seguridad del país.

El proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que barcos con bandera de otros países —muchas veces países que cobran impuestos mucho más bajos, conocidos como "banderas de conveniencia"— puedan hacer ese mismo trabajo dentro de la Argentina.
En el texto difundido este martes, FENA sostuvo que no se opone a modernizar el sector, pero advirtió sobre los riesgos de una apertura sin reglas parejas.
"La apertura del cabotaje, por sí sola, no elimina los sobrecostos argentinos. Si no se corrigen de manera integral las asimetrías laborales, fiscales, portuarias, de estiba, registrales y burocráticas, el riesgo real es sustituir capacidad nacional por flota extranjera sin resolver el problema logístico de fondo", planteó la entidad.

FENA remarcó que "más del 80% de los países con litoral marítimo consideran a sus pabellones nacionales como un activo estratégico" y que ni Estados Unidos ni la Unión Europea tratan a sus puertos e infraestructura de transporte como "simples herramientas comerciales de libre mercado".
Según datos que difundió la propia FENA, la actividad naviera con bandera argentina da trabajo de forma directa a más de 6.300 trabajadores fluviales y marítimos.
Ese número no incluye los empleos indirectos: astilleros, talleres navales, proveedores de insumos, servicios de lanchas y empresas que prestan servicios en los puertos, desde el norte hasta el sur del país.

Un informe técnico sobre el tema calculó que cada puesto de trabajo directo en el sector naviero genera entre 3 y 5 empleos indirectos en la cadena logística.
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar con esta reforma. El año pasado, el Poder Ejecutivo había dictado el DNU 340/2025, que habilitaba a buques extranjeros a obtener el tratamiento de "bandera argentina" para prestar servicios de cabotaje.

El Congreso rechazó ese decreto. Ahora, desde el Ministerio de Desregulación se prepara un nuevo intento, esta vez a través de un proyecto de ley que debería pasar por el Congreso.
Según el diario Clarín, el proyecto también apunta a modificar el régimen de practicaje: el servicio obligatorio que brinda un experto argentino (llamado "práctico") para asesorar al capitán de un buque en las maniobras de entrada y salida de los puertos.
Según el mismo informe técnico, el diferencial de costos entre una empresa naviera argentina y una que opera bajo "bandera de conveniencia" puede superar el 40%.
Algunos ejemplos concretos:
Según el mismo informe, si la reforma avanza sin corregir esas diferencias, los astilleros argentinos —entre ellos Tandanor, Riopal y Sade— podrían perder los contratos de reparación y construcción de barcos que hoy sostienen la actividad.

Eso también afectaría la formación de nuevos profesionales en carreras como Ingeniería Naval, ya que se reduciría la demanda de mano de obra especializada en el sector.
Los gremios que representan a los trabajadores marítimos y fluviales también se pronunciaron en contra de la reforma en las últimas semanas.
Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), advirtió: "La reducción de costos no puede hacerse a expensas de la seguridad. Eso termina pagándose con vidas humanas".
Por su parte, Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, remarcó que Argentina no es una excepción en el mundo al proteger su cabotaje: "91 de los 136 países con litoral marítimo restringen rigurosamente su cabotaje. El ejemplo más contundente es Estados Unidos", que exige que todo buque de cabotaje esté construido en su territorio y tripulado por personal estadounidense.
Frente al proyecto oficial, FENA y otras entidades del sector proponen un esquema llamado "Segundo Registro" de buques, inspirado en modelos que ya existen en países como España, Dinamarca, Brasil y Noruega.
La idea es mantener la bandera argentina en los barcos, pero otorgarles beneficios impositivos y laborales específicos para que puedan competir en igualdad de condiciones con las flotas extranjeras, sin perder los controles de seguridad ni los aportes al sistema previsional.
TM