De la Rúa y un histórico pacto con el PJ: qué pasó el 17 de julio de 2001

El 17 de julio de 2001 quedó registrado como uno de los últimos grandes acuerdos políticos del gobierno de Fernando de la Rúa antes del desenlace institucional de diciembre de ese año.

Exactamente hace 25 años, el entonces presidente reunió en la Casa Rosada a los gobernadores justicialistas para firmar un pacto destinado a respaldar el principio de déficit cero, una de las principales banderas económicas impulsadas por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en medio de una profunda crisis financiera.

La fotografía buscaba enviar un mensaje de unidad política hacia los mercados y los organismos internacionales de crédito, en un momento en que Argentina enfrentaba una fuerte pérdida de confianza, crecientes dificultades para financiar su deuda y una economía que llevaba casi tres años de recesión.

Aunque el Gobierno presentó el entendimiento como un respaldo a su estrategia económica, los gobernadores sostuvieron que habían logrado modificar aspectos centrales de la propuesta original y preservar la autonomía de las provincias para definir cómo alcanzar el equilibrio de sus cuentas públicas.

El contexto: una economía al borde del colapso

Durante julio de 2001, la administración de De la Rúa atravesaba uno de sus momentos más complejos.

Semanas antes, Cavallo había anunciado el programa de "déficit cero", que establecía que el Estado nacional solo podría gastar el dinero efectivamente recaudado. Para cumplir esa meta, el Gobierno dispuso fuertes recortes del gasto público, entre ellos una reducción del 13% en salarios estatales y jubilaciones superiores a determinados montos.

La medida generó un fuerte rechazo político y social, mientras los gobernadores reclamaban mayores recursos para afrontar sus propias crisis fiscales.

En ese escenario, el Ejecutivo necesitaba mostrar respaldo institucional para recuperar la confianza de los mercados financieros.

La negociación con los gobernadores del PJ

Las conversaciones se extendieron durante varios días y atravesaron momentos de fuerte tensión.

Uno de los principales puntos de conflicto era el reclamo de las provincias para que la Nación reconociera las deudas pendientes derivadas de acuerdos federales anteriores.

Finalmente, el Gobierno aceptó incorporar ese reconocimiento al documento final y también concedió que cada provincia tendría libertad para definir los mecanismos con los que alcanzaría el déficit cero.

Eso significó que las administraciones provinciales no quedarían obligadas a aplicar automáticamente reducciones salariales o recortes sobre jubilaciones, como había dispuesto la Nación.

Quiénes participaron del acuerdo

El acto se realizó en la Casa Rosada y reunió a Fernando de la Rúa con gobernadores del Partido Justicialista y funcionarios nacionales.

Entre los protagonistas estuvieron el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro del Interior, Ramón Mestre, quienes encabezaron las negociaciones políticas.

Del lado de las provincias participaron, entre otros, Néstor Kirchner (Santa Cruz), Carlos Ruckauf (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe), Rubén Marín (La Pampa), Juan Carlos Romero (Salta), Eduardo Fellner (Jujuy), Ángel Maza (La Rioja), Carlos Rovira (Misiones) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis).

Paradójicamente, quien quedó relegado durante las conversaciones fue el propio Domingo Cavallo.

Cavallo, aislado de la negociación

Uno de los datos políticos más relevantes de aquella jornada fue el papel secundario que terminó desempeñando el ministro de Economía.

Después de varios cruces con gobernadores peronistas, especialmente con Carlos Ruckauf, Cavallo fue apartado de las negociaciones finales, que quedaron en manos de Chrystian Colombo.

Durante el acto en la Casa Rosada incluso ocupó un lugar en segunda fila, una imagen interpretada en aquel momento como una señal de distanciamiento entre el ministro y los mandatarios provinciales.

Las diferencias habían quedado expuestas días antes, cuando Ruckauf acusó públicamente a Cavallo de incumplir con los envíos de fondos a Buenos Aires.

"Cavallo, o quien lo reemplace, tiene que pagarle a la provincia lo que le debe", afirmó entonces el gobernador bonaerense.

El documento que firmaron

Aunque el Gobierno lo presentó bajo el nombre de "Pacto por la Independencia", el texto finalmente firmado fue elaborado por los propios gobernadores justicialistas y recibió el título "Apoyo Institucional para la Gobernabilidad de la República Argentina".

Entre sus principales puntos figuraban:

• La adopción del principio presupuestario de déficit cero en todas las administraciones públicas.
• La posibilidad de que cada provincia eligiera libremente cómo implementar ese objetivo.
• El reconocimiento por parte de la Nación de las deudas mantenidas con las provincias.
• La creación de mecanismos de asistencia financiera para aliviar la situación fiscal de los distritos.
• La incorporación de hasta 1.000 millones de pesos al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
• El impulso de medidas de austeridad en los tres poderes del Estado.
• El compromiso de promover una reducción de los costos políticos e institucionales.

Además, los gobernadores se comprometieron a impulsar en el Congreso proyectos vinculados con el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios y otras iniciativas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

Todos se declararon ganadores

Una vez concluida la firma, tanto el Gobierno como los gobernadores aseguraron haber obtenido una victoria política.

Fernando de la Rúa destacó que el acuerdo permitiría recuperar "la confianza de los mercados" y demostrar "la solidez de nuestra economía".

Por su parte, los mandatarios peronistas insistieron en que el documento no implicaba respaldar los recortes de salarios y jubilaciones impulsados por la Nación.

Néstor Kirchner sostuvo que habían conseguido que el Gobierno aceptara las condiciones planteadas por las provincias: "Firmaron lo que nosotros quisimos".

Un acuerdo que no logró frenar la crisis

Aunque el entendimiento fue presentado como una muestra de consenso institucional en uno de los momentos más delicados del gobierno de la Alianza, la situación económica continuó deteriorándose durante los meses siguientes.

La recesión, la caída de la recaudación, la pérdida de reservas y la creciente conflictividad social fueron profundizando la crisis política.

Cinco meses después, en diciembre de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa colapsó tras una serie de protestas, saqueos, la declaración del estado de sitio y una crisis institucional que culminó con la renuncia del Presidente el 20 de diciembre.