El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó el informe de gestión del Ministerio Público Fiscal ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, en lo que representó la primera exposición de un titular de la Procuración General ante el Congreso para defender la marcha del organismo.
La reunión fue encabezada por el diputado nacional Sebastián Galmarini (Unión por la Patria), presidente de la comisión, y contó con la participación de funcionarios de la Procuración, que desarrollaron los principales lineamientos de la gestión.

Al inicio del encuentro, el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, destacó el carácter inédito de la convocatoria y recordó que el informe había sido presentado en tiempo y forma antes de la apertura de las sesiones ordinarias.
La jornada marcó la primera ocasión en la que un procurador general concurre al Congreso para exponer y responder sobre la gestión del Ministerio Público Fiscal.
Durante su intervención, Casal se refirió a la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso "Ferrari con Levinas", que estableció que los tribunales nacionales ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires ejercen una jurisdicción que, en principio, corresponde a la Justicia porteña.
En ese contexto, explicó que la Procuración propuso al Poder Ejecutivo el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia para garantizar la intervención del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad hasta que concluya la transferencia de las competencias judiciales.

Olima Espel sostuvo que el informe incorpora, por primera vez, lineamientos de política criminal específicos para la investigación del crimen organizado y remarcó que las pesquisas por lavado de activos deben orientarse a identificar y desarticular las estructuras superiores de las organizaciones delictivas.
Según explicó, el objetivo es que las investigaciones financieras permitan alcanzar a quienes organizan las maniobras y no únicamente a quienes ejecutan los delitos.
El funcionario también destacó la creación del Programa de Inteligencia Artificial para regular y promover un uso responsable de esa tecnología dentro del Ministerio Público Fiscal.
Además, señaló que se institucionalizó el intercambio de información con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el objetivo de concentrar los canales de comunicación y dotarlos de mayor trazabilidad y transparencia.
Por su parte, el secretario técnico y disciplinario de la Procuración, Juan Manuel Casanovas, afirmó que la implementación del Código Procesal Penal Federal implicó una transformación profunda para el Ministerio Público Fiscal.
Explicó que el sistema acusatorio asigna a los fiscales la responsabilidad de conducir las investigaciones penales, mientras que los jueces cumplen un rol de garantía de derechos y de control del proceso.
Asimismo, advirtió que el organismo cuenta con alrededor de seis mil integrantes para atender las investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado en todo el país.
Antes del comienzo de las exposiciones, la comisión también refrendó la designación del senador nacional Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) como vicepresidente del cuerpo.
