Ali Lmrabet salió de prisión en Marruecos, pero la fiscalía mantiene la causa

Ali Lmrabet fue detenido el domingo 12 de julio en el aeropuerto de Tánger, adonde había llegado desde Barcelona, acusado de difundir información falsa y de dirigir declaraciones contra instituciones y cargos marroquíes. La detención derivó en un interrogatorio ante el procurador del Rey en Casablanca. Setenta y dos horas más tarde, este miércoles 15 de julio, la fiscalía ordenó su puesta en libertad. El periodista, de 67 años y nacido en Tetuán en 1959, recuperó también los equipos que le habían incautado.

Los materiales devueltos incluyen dos ordenadores, un dispositivo de almacenamiento y un teléfono móvil. La devolución del material no significó, sin embargo, el cierre del expediente. La fiscalía decretó solo la libertad, no el sobreseimiento, y la investigación sigue formalmente abierta. Lmrabet quedó libre, pero jurídicamente continúa bajo sospecha.

Versión oficial, presión real

La fiscalía no atribuyó la liberación a ninguna presión externa. El procurador del Rey sostuvo que la decisión llegó tras revisar los documentos procesales, completar la investigación y realizar la pericia técnica sobre los dispositivos incautados. En el relato oficial no hubo un gobierno extranjero ni una campaña global que forzara la excarcelación, sino un trámite que concluyó a favor del detenido. Ese dato desarma la narrativa que circuló en las primeras horas.

Las únicas voces que reclamaron públicamente por Lmrabet antes del miércoles fueron organizaciones de prensa. Reporteros Sin Fronteras y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España exigieron el martes su liberación, junto con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. No hubo cancillerías europeas pidiendo su salida ni cobertura masiva de los grandes medios internacionales. La presión que se le atribuye al caso fue, en los hechos, más acotada de lo que sugería el ritmo de la excarcelación.

Lmrabet quedó libre tras 72 horas detenido en Tánger, pero la causa sigue abierta.

Historial de censura

La liberación ocurrió horas antes de la llegada a Rabat del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, al frente de una extensa delegación ministerial. La proximidad de ambos hechos alimenta la hipótesis de un gesto calculado, pero ninguna fuente establece esa relación de causa: es una coincidencia en el calendario, no un nexo probado. Laura Feliu, esposa del periodista y profesora universitaria, remarcó que Lmrabet no ejerce el periodismo dentro de Marruecos, sino que publica en redes sociales y produce videos en YouTube desde España. Es un perfil de crítico digital, y aun así fue detenido al cruzar la frontera.

No es la primera vez que el Estado marroquí actúa contra él. En 2003 fue condenado a cuatro años de cárcel y salió al año siguiente por un indulto, tras el cierre de sus semanarios. En 2005, después de intentar reabrir una publicación y de firmar un reportaje sobre los saharauis en los campamentos de Tinduf, en Argelia, Marruecos le prohibió ejercer el periodismo en el país durante diez años. Se instaló entonces en Barcelona, desde donde colabora con medios de España, Francia y Reino Unido y conduce un podcast sobre política marroquí.

La fiscalía atribuyó la liberación a pericias técnicas, no a presión internacional.

Límite sin cerrar

Concluir que este episodio marca un freno real a la censura marroquí sería apresurado. La fiscalía no absolvió a Lmrabet: apenas lo dejó salir mientras mantiene viva la investigación. La causa abierta funciona como una amenaza latente que puede reactivarse cada vez que el periodista vuelva a pisar territorio marroquí. En tres días, Rabat consiguió tanto el efecto de una detención pública como la opción de reactivar el caso más adelante.

Para la Argentina, el caso no es un asunto ajeno. El mecanismo que estrenó Rabat, retener a un residente extranjero en la frontera por contenidos digitales y dejar la causa abierta, es un molde replicable que cualquier Estado puede usar contra periodistas y críticos que operan desde afuera, incluidos los argentinos que cubren gobiernos extranjeros o publican sobre ellos. Reporteros Sin Fronteras, la misma organización que reclamó por Lmrabet, mide cada año ese avance sobre la soberanía de la palabra. Lo que se resolvió en Tánger define hasta dónde puede llegar un Estado para controlar lo que se dice sobre él, sin importar dónde viva quien lo dice.