La causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA tendrá un nuevo capítulo el próximo 10 de agosto, cuando la Cámara Federal porteña celebre una audiencia para definir si los inversores damnificados podrán continuar actuando como querellantes en el expediente.
La decisión estará en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver las apelaciones presentadas contra el fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien a comienzos de julio apartó a los cinco querellantes que hasta ese momento impulsaban activamente la investigación.

La convocatoria fue fijada para después de la feria judicial y marcará un punto de inflexión en la causa. Tras escuchar los argumentos de las partes, los camaristas deberán determinar si revocan la resolución del juez de primera instancia o si confirman la exclusión de las víctimas del proceso.
El debate adquiere especial relevancia porque, de mantenerse el criterio de Martínez De Giorgi, la investigación quedaría impulsada únicamente por el fiscal Eduardo Taiano, una situación cuestionada por los damnificados, que reclaman mantener una participación activa en el expediente.
La audiencia se realizará pocos días después de otra medida relevante adoptada por la Justicia: el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la operatoria de $LIBRA y la orden a distintos exchanges internacionales para identificar a sus titulares y reconstruir la ruta del dinero.
Entre quienes recurrieron la decisión judicial se encuentra el inversor Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Ozsust, además del grupo de damnificados patrocinado por Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg.
Las presentaciones cuestionan que el juez haya considerado que el caso responde al riesgo propio de una memecoin y sostienen que existió una maniobra fraudulenta planificada desde el inicio.
En ese sentido, la apelación afirma que el derrumbe del activo digital no respondió a la volatilidad habitual del mercado, sino a un supuesto "rug pull" previamente diseñado. Según el escrito, hubo compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del mensaje del presidente Javier Milei que impulsó la cotización de la criptomoneda, seguidas por el retiro de unos 44,5 millones de dólares mediante información privilegiada.
Los querellantes también sostienen que Martínez De Giorgi se adelantó al pronunciarse sobre el fondo del expediente al descartar preliminarmente la existencia del delito de estafa y reducir los hechos a una inversión especulativa fallida.

La definición quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada actualmente por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, tribunal que revisa las decisiones adoptadas durante la instrucción de la causa.
La resolución también se producirá en medio del proceso de renovación de esa sala. El Gobierno ya envió al Senado el pliego de Bertuzzi para su designación definitiva como juez titular, mientras que Bruglia promovió un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para permanecer en el cargo. En caso de concretarse cambios antes de la audiencia, Julio César Yadarola aparece como uno de los posibles reemplazantes.
La discusión sobre la continuidad de los querellantes se suma a una investigación que en las últimas semanas registró avances en distintos frentes. Además del congelamiento de billeteras virtuales, la Justicia busca identificar a los titulares de cuentas en plataformas internacionales como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex para seguir el recorrido de los fondos.
En la causa se investiga la presunta responsabilidad de distintas personas en la promoción y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, entre ellas el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Hayden Davis, Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, todos alcanzados por distintas líneas de investigación que continúan en trámite.