El polémico Servicio Cívico de Bullrich: qué pasó el 16 de julio de 2019

El 16 de julio de 2019, en plena campaña hacia las elecciones presidenciales, el gobierno de Mauricio Macri presentó una de las iniciativas que más debate generó durante ese año: el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ejecutado por la Gendarmería Nacional.

La propuesta fue oficializada por el Ministerio de Seguridad y apuntaba a jóvenes de entre 16 y 20 años.

Desde el oficialismo se la presentó como una herramienta de formación, inclusión y capacitación, mientras que la oposición, organismos de derechos humanos y distintos sectores educativos la calificaron como un intento de "militarizar" a la juventud y la compararon con una reedición de la antigua "colimba".

En qué consistía el Servicio Cívico Voluntario

El programa estaba destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años y tenía carácter voluntario.

Según explicó el Gobierno, el objetivo era brindar capacitación en valores democráticos, orientación vocacional, primeros auxilios, formación en oficios y herramientas para facilitar la inserción educativa y laboral.

Las actividades serían desarrolladas en instalaciones de la Gendarmería Nacional, aunque el Ejecutivo aclaró que no habría entrenamiento militar ni utilización de armas.

El plan piloto iba a comenzar en septiembre de 2019 con un cupo inicial de 1.200 participantes distribuidos en seis sedes ubicadas en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro.

La defensa de Patricia Bullrich

Tras la publicación de la resolución, Bullrich salió a defender públicamente la iniciativa y rechazó que se tratara de un regreso del servicio militar obligatorio.

"La Gendarmería es una fuerza que hace un enorme esfuerzo y puede transmitir disciplina, compromiso y valores", sostuvo la entonces ministra.

Durante la presentación explicó que los participantes recibirían talleres de orientación vocacional, formación laboral y educación cívica.

"El objetivo principal es adentrar a los chicos y jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores, el valor de la disciplina. Van a saludar a la bandera todas las mañanas", señaló.

Por su parte, el entonces ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, justificó el programa al afirmar que estaba pensado para "los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle y no están estudiando, que han abandonado el secundario".

Las críticas de la oposición

El anuncio generó una inmediata reacción de dirigentes opositores, quienes cuestionaron tanto el contenido del programa como el organismo elegido para implementarlo.

El entonces diputado Agustín Rossi sostuvo que "no se entiende qué quiere hacer el Gobierno con esto" y planteó que "si el problema son los jóvenes que no estudian ni trabajan, existen los ministerios de Educación y Desarrollo Social para abordarlo".

También cuestionó que una fuerza de seguridad asumiera funciones vinculadas con la educación y la formación.

La diputada Cecilia Moreau afirmó que "es contradictorio que Gendarmería forme a los jóvenes en oficios cuando la educación técnica viene siendo desfinanciada" y consideró que la iniciativa "criminalizaba la pobreza".

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño calificó el proyecto como "un acto de proselitismo político" y aseguró que los jóvenes necesitaban "educación y oportunidades laborales".

Por su parte, Myriam Bregman sostuvo que el Gobierno "no tenía otra propuesta para la juventud que políticas de control social".

En redes sociales también se pronunciaron dirigentes como Victoria Donda, Ofelia Fernández, Leonardo Grosso, Juliana Di Tullio y Fernando "Pino" Solanas, quienes coincidieron en cuestionar que una fuerza de seguridad asumiera tareas educativas.

El rechazo de los organismos de derechos humanos

Las críticas también llegaron desde organismos de derechos humanos. La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, expresó que "el Gobierno quiere militarizar a los jóvenes en lugar de fortalecer las escuelas y los clubes de barrio".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que era "sumamente grave" que el Ministerio de Seguridad asumiera objetivos propios de los sistemas educativo y social.

En tanto, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria también difundieron comunicados de rechazo.

Entre los principales cuestionamientos señalaron que la Gendarmería no debía reemplazar políticas educativas ni sociales y advirtieron sobre el riesgo de trasladar competencias propias del Estado educativo hacia una fuerza de seguridad.

Los objetivos oficiales

Desde el Ministerio de Seguridad insistían en que el programa buscaba:

• Promover la reinserción educativa.
• Brindar capacitación en oficios.
• Enseñar primeros auxilios.
• Fomentar valores democráticos y republicanos.
• Fortalecer herramientas para la inserción laboral.
• Desarrollar hábitos vinculados con la convivencia y la ciudadanía.

El Gobierno remarcó en reiteradas oportunidades que no existía instrucción militar, entrenamiento con armas ni preparación para integrar fuerzas de seguridad.

Pese a la controversia política, el programa registró un importante nivel de interés durante su etapa inicial.

En apenas cuatro días de inscripción se anotaron alrededor de 24.000 jóvenes, muy por encima del cupo previsto de 1.200 participantes.

La mayor cantidad de interesados provenía de la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba y Santa Fe.

Qué ocurrió después

El Servicio Cívico Voluntario comenzó como una experiencia piloto durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, tras el cambio de administración en diciembre de 2019, la ministra de Seguridad Sabina Frederic dejó sin efecto el programa.

El nuevo gobierno argumentó que el Ministerio de Seguridad había avanzado sobre competencias propias de las áreas de Educación y Desarrollo Social y que esas políticas debían quedar bajo organismos civiles especializados.

En el 2024, ya con Javier Milei en el poder y Bullrich nuevamente al mando de Seguridad, el programa se puso nuevamente vigente.