El asesinato de la exministra británica Ann Widdecombe reabrió el debate sobre la seguridad de los representantes políticos en Reino Unido. Reform UK pidió que todos los miembros del Parlamento puedan recibir custodia permanente y que la asistencia también alcance a antiguos dirigentes expuestos públicamente.
La iniciativa fue presentada por Zia Yusuf, responsable de política interior del espacio liderado por Nigel Farage. El dirigente prometió que, si el partido gana las próximas elecciones generales, garantizará protección durante las 24 horas a legisladores de cualquier fuerza que la soliciten.
Widdecombe, de 78 años, fue encontrada muerta el jueves 9 de julio dentro de su vivienda en Haytor, una zona rural del condado de Devon. Presentaba graves heridas y los investigadores creen que fue asesinada el día anterior.
Un británico de 28 años fue detenido en Rotherham bajo sospecha de homicidio. Posteriormente, también quedó arrestado por la posible comisión, preparación o instigación de actos terroristas.
La unidad antiterrorista asumió la investigación y confirmó que se trató de un ataque dirigido específicamente contra Widdecombe. Sin embargo, todavía no estableció públicamente el móvil ni atribuyó al sospechoso una ideología determinada. La exfuncionaria había sido diputada conservadora entre 1987 y 2010 y ocupó cargos durante el gobierno de John Major. Más adelante apoyó la salida británica de la Unión Europea y se convirtió en una figura destacada de Reform UK.
Yusuf aseguró que Farage recibió cerca de 600 amenazas de muerte desde febrero. Según explicó, esa situación llevó al dirigente a utilizar un equipo privado de seguridad financiado mediante aportes de donantes.
Horas después del reclamo partidario, la Policía Metropolitana anunció la detención de otro hombre acusado de publicar mensajes amenazantes contra un parlamentario. El caso estaría relacionado con una advertencia de dispararle a Farage, aunque no existe información que vincule ese episodio con el asesinato de Widdecombe.

La discusión recuerda los crímenes de Jo Cox y David Amess. Cox, diputada laborista, fue asesinada en 2016 por un extremista de ultraderecha durante la campaña del Brexit. Amess, representante conservador, murió apuñalado en 2021 mientras atendía a ciudadanos dentro de una iglesia.
Después de esos ataques, Reino Unido instaló botones de emergencia, reforzó viviendas y oficinas y ofreció protección para determinadas actividades públicas. Ahora, el Gobierno analiza actualizar esas medidas y ampliar la cobertura para dirigentes retirados que todavía enfrentan amenazas.