Declaraciones juradas: el Gobierno dio un mes de yapa a los funcionarios

La Oficina Anticorrupción (OA) dispuso una nueva prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período fiscal 2025.

A través de la Resolución 7/2026, publicada este 16 de julio en el Boletín Oficial, el organismo extendió el vencimiento hasta el 31 de agosto de 2026, un mes más que el plazo vigente hasta ahora.

La medida modifica la Resolución 3/2026, que ya había postergado la fecha límite desde el tradicional vencimiento de mayo hasta el 31 de julio.

Según explicó la OA, el nuevo corrimiento responde a los cambios introducidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en los cronogramas para la presentación de las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales.

La decisión adquiere una relevancia política especial en un año en el que las declaraciones juradas patrimoniales estuvieron en el centro del debate público a raíz de la crisis que atravesó el Gobierno por la situación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Qué establece la resolución

La norma firmada por la titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Zangaro, sustituye el artículo primero de la Resolución 3/2026 y fija un nuevo vencimiento para que los funcionarios nacionales obligados por la Ley de Ética Pública presenten sus declaraciones juradas patrimoniales anuales.

De esta manera, todos los funcionarios alcanzados por la Ley 25.188 tendrán tiempo hasta el 31 de agosto de 2026 para completar el trámite correspondiente al ejercicio 2025.

Además, la resolución instruye a las áreas de recursos humanos y personal de cada organismo estatal a comunicar formalmente la nueva fecha límite a los funcionarios comprendidos.

Por qué se extendió el plazo

La Oficina Anticorrupción fundamentó la decisión en cuestiones operativas vinculadas al sistema de presentación de las declaraciones juradas.

El régimen vigente establece que gran parte de la información patrimonial se obtiene automáticamente a partir de las declaraciones impositivas que los funcionarios presentan ante ARCA. Por ese motivo, primero deben estar disponibles las presentaciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para luego completar la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública.

Sin embargo, ARCA resolvió este año extender de manera excepcional hasta el 27 de julio el plazo para cumplir con esas obligaciones fiscales.

Según explicó la OA, mantener el vencimiento del 31 de julio para las declaraciones juradas patrimoniales dejaba apenas cuatro días para revisar, completar y validar toda la información requerida.

El organismo sostuvo que ese lapso resultaba insuficiente, ya que la declaración patrimonial no se limita a replicar los datos impositivos, sino que incorpora información adicional que debe ser cargada y verificada por cada funcionario.

En los fundamentos de la resolución se señala que la prórroga busca "garantizar la exactitud y completitud de la información declarada", evitando errores u omisiones involuntarias y preservando "los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la materia".

Cómo funciona el régimen de declaraciones juradas

La obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales surge de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El régimen establece tres instancias obligatorias para quienes ejercen cargos públicos:

• Una declaración al asumir el cargo.
• Una actualización anual mientras permanezcan en funciones.
• Una declaración al dejar el puesto.

Desde la sanción de la Ley 26.857, las declaraciones públicas utilizan la misma información presentada ante el organismo recaudador, actualmente ARCA, complementada con otros datos patrimoniales exigidos específicamente por la normativa de ética pública.

Los funcionarios deben confeccionar la presentación mediante el formulario F.1245 disponible en el sistema web de ARCA, utilizando su clave fiscal.

Un trámite bajo la lupa tras el caso Adorni

La nueva prórroga llega en un contexto político particularmente sensible para el Gobierno nacional.

Durante este año, las declaraciones juradas patrimoniales adquirieron una inusual centralidad pública debido a la situación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presentación de su declaración jurada era esperada tanto por dirigentes de la oposición como por distintos sectores del propio oficialismo, en medio de los cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

Dentro del oficialismo, la propia senadora Patricia Bullrich impulsaba que la documentación fuera presentada lo antes posible con el objetivo de despejar las dudas que se habían instalado alrededor del caso. Sin embargo, esa expectativa no terminó de cumplirse.

Lejos de cerrar la controversia, la información conocida mantuvo abiertas las preguntas que rodeaban al funcionario y el episodio continuó escalando políticamente hasta desembocar, días más tarde, en la renuncia de Adorni como jefe de Gabinete.

Ese antecedente convirtió a las declaraciones juradas patrimoniales en uno de los instrumentos de transparencia más observados de 2026 y volvió a poner el foco sobre los plazos de presentación y los mecanismos de control previstos por la legislación vigente.