Más tiempo para cumplir: la Oficina Anticorrupción estira el plazo de las DD.JJ.

La Oficina Anticorrupción (OA) dispuso una nueva prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025 y fijó como nueva fecha límite el 31 de agosto de 2026, un mes después del plazo que había establecido en abril.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 7/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro. No es la primera vez que el Gobierno modifica el cronograma. Originalmente, las declaraciones patrimoniales debían presentarse durante mayo, conforme al régimen habitual previsto por la normativa vigente.

Ya está publicada la edición del 16/07/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq

— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) July 16, 2026

Según explicó la OA, como la información patrimonial se nutre en gran parte de esas declaraciones impositivas, el nuevo calendario tributario reducía a apenas cuatro días el tiempo disponible para completar la declaración jurada patrimonial, lapso que el organismo consideró insuficiente.

El argumento oficial

En los fundamentos de la resolución, la Oficina Anticorrupción sostuvo que la Declaración Jurada Patrimonial Integral no consiste únicamente en trasladar la información fiscal, sino que requiere incorporar otros datos patrimoniales cuya carga, revisión y validación demanda un plazo razonable.

Por ese motivo, justificó la nueva prórroga en la necesidad de evitar errores u omisiones involuntarias y garantizar la calidad de la información presentada por los funcionarios obligados.

La resolución también ordena a las áreas de Recursos Humanos de todos los organismos nacionales comunicar la nueva fecha límite a los funcionarios alcanzados por la obligación.

Qué son las declaraciones juradas

Las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales constituyen una de las principales herramientas de control previstas por la Ley de Ética Pública. Todos los funcionarios alcanzados deben informar bienes, ingresos, deudas y evolución patrimonial al asumir un cargo, actualizar esa información cada año y presentar una declaración al dejar la función pública.

Parte de esos datos es de acceso público y permite controlar la evolución patrimonial de quienes ejercen responsabilidades de gobierno. La decisión llega en momentos en que el Gobierno de Javier Milei sostiene un discurso centrado en la transparencia, la reducción del Estado y el combate contra la corrupción.