El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de declaración impulsado por el bloque PRO que pone el foco en el aumento de los episodios de violencia y amenazas en establecimientos educativos bonaerenses y reclama al Gobierno de Axel Kicillof el desarrollo de una política pública integral, permanente y de alcance provincial para abordar la problemática.
La iniciativa, presentada por el presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, junto al resto de los senadores de su bancada, sostiene que los hechos registrados en distintas escuelas durante los últimos meses no pueden ser considerados casos aislados, sino que reflejan un problema estructural que requiere respuestas coordinadas entre distintas áreas del Estado.
Con la aprobación en la Cámara alta, el Senado dejó expresado su posicionamiento e instó al Poder Ejecutivo provincial a avanzar en una estrategia de prevención y acompañamiento que involucre al Ministerio de Educación, las áreas de Salud, Desarrollo Social, Seguridad y el Poder Judicial.

En los fundamentos del proyecto, el PRO plantea que la reiteración de amenazas, conflictos y hechos de violencia en escuelas bonaerenses constituye "la expresión más visible de un malestar más profundo" que no puede resolverse únicamente con intervenciones posteriores a cada crisis.
Según el texto, el Estado viene reaccionando frente a cada episodio puntual, pero sin consolidar políticas permanentes que permitan prevenir la aparición de nuevos conflictos.
"El Estado reacciona ante cada crisis sin construir la respuesta de fondo que permita prevenirla. Antes fue el suicidio adolescente, luego la ludopatía juvenil. En todos los casos llegamos tarde y no quedó una política instalada. La historia se repite porque no se trabaja sobre las causas", señala el proyecto.
Para los autores de la iniciativa, la violencia escolar es el resultado de procesos sociales que comienzan mucho antes de que los conflictos lleguen al aula.
"La violencia en las escuelas no aparece de un día para el otro. Se construye en silencio, cuando se deja de escuchar", advierte el texto.
La declaración aprobada solicita que el Gobierno bonaerense implemente una política provincial de bienestar escolar con carácter universal y permanente.
La propuesta plantea que esa estrategia contemple:
El objetivo, según los impulsores, es evitar que cada distrito o cada escuela deba afrontar la problemática con herramientas diferentes o dependiendo únicamente de iniciativas locales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la situación que atraviesan docentes y directivos, quienes, según sostiene el PRO, deben afrontar escenarios cada vez más complejos sin contar con el respaldo suficiente.
"Los docentes están dando una respuesta extraordinaria en condiciones muy difíciles", señala la iniciativa.
También sostiene que los equipos educativos son convocados diariamente a contener situaciones sociales, orientar a los estudiantes y articular con las familias y distintos organismos estatales.
"Se los convoca a contener, orientar y articular con familias y organismos, muchas veces sin los recursos ni el acompañamiento que esa tarea requiere. No es justo", afirma el texto.
En esa línea, agrega que "el Estado no puede seguir poniendo en los equipos educativos una responsabilidad que es colectiva".
El proyecto también cuestiona la estrategia que, según el bloque opositor, viene desarrollando la administración bonaerense frente a estos episodios.
En ese sentido, hace referencia a declaraciones recientes de la ministra de Educación bonaerense y sostiene que "pedir serenidad no alcanza".
"Los docentes necesitan más que eso: necesitan que el Estado desnaturalice la violencia con políticas concretas, que los adultos vuelvan a usar la palabra, que los chicos sean escuchados y que el diálogo llegue antes que la amenaza", sostiene el documento.
Además, advierte que actualmente existen herramientas disponibles —como equipos de orientación, canales de comunicación, recursos tecnológicos y mecanismos de coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad—, pero funcionan de manera fragmentada.
"Eso no es un problema de los docentes. Es un problema de gestión", señala.
Otro de los puntos destacados por la iniciativa es que en distintos municipios ya existen experiencias consideradas positivas para abordar conflictos escolares, aunque funcionan de manera aislada.
El proyecto menciona espacios de escucha, equipos interdisciplinarios e instancias de participación estudiantil que, según sostiene, han dado resultados.
Sin embargo, advierte que esas experiencias dependen "de cada escuela, de cada distrito o de la voluntad de turno", sin formar parte de una estrategia provincial uniforme.