La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe en el que señala una serie de deficiencias en la ejecución de un préstamo internacional destinado a mejorar el sistema de subsidios energéticos. Entre las principales observaciones, el organismo advirtió la falta de documentación que respalde el desembolso de USD 200 millones y la ausencia de mecanismos que permitan verificar si esos fondos se reflejan efectivamente en las facturas de los usuarios.
El documento, de 38 páginas, analiza la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible, financiado con un crédito de USD 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial. El programa es ejecutado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.
La auditoría, que abarca el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, cuestiona "deficiencias relacionadas con la ejecución financiera del préstamo y el control interno administrativo-contable".
Entre los principales puntos, la AGN advierte que al cierre del ejercicio auditado todavía no estaban aprobados documentos considerados centrales para la ejecución del programa, como el Manual Operativo, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y la documentación vinculada con las cuentas bancarias utilizadas para administrar el préstamo.
Además, el organismo señaló que no encontró documentación suficiente que respaldara los criterios utilizados para justificar el desembolso de USD 200 millones realizado por el BIRF, dinero que ingresó a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024.
Ante esa observación, el Ministerio de Economía respondió que la información estaba disponible en las distribuidoras Edenor y Edesur, empresas seleccionadas para la implementación del programa. Sin embargo, la explicación no conformó a la AGN, que recomendó incorporar toda la documentación respaldatoria en cada solicitud de desembolso.

Otro de los cuestionamientos del informe apunta a la implementación del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). La AGN detectó una insuficiente articulación entre las áreas responsables de administrar el sistema y observó la inexistencia de un ambiente específico para el desarrollo y mantenimiento de las herramientas informáticas vinculadas al registro.
El informe también advierte la ausencia de un mecanismo de control que permita verificar si los subsidios financiados con el préstamo son efectivamente aplicados en las facturas de los usuarios alcanzados por el beneficio.
Asimismo, la Auditoría sostuvo que tampoco pudo constatar la existencia de normas y procedimientos que documenten los circuitos administrativos de contrataciones, pagos y registraciones contables. Frente a ese planteo, el Ministerio de Economía indicó que esos procesos se encontraban "en ajuste".
El programa financiado por el BIRF prevé mejorar la focalización de los subsidios a la energía eléctrica mediante la actualización de registros de usuarios vulnerables, la optimización de bases de datos sobre consumo residencial y el fortalecimiento de los mecanismos de asignación de beneficios.
Según el informe, al momento de la auditoría solo se había ejecutado el 41% del préstamo, cuyo plazo de finalización está previsto para el 31 de diciembre de 2028.