Pedro Sánchez y la UCO: la causa por presuntas presiones que complica a Interior

El caso Leire Díez investiga una presunta trama montada para obstaculizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno español. La instrucción sitúa en la cúspide del entramado al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y atribuye la coordinación operativa a Leire Díez, exmilitante del partido. El objetivo habría sido neutralizar pesquisas sensibles y condicionar a los investigadores que las tramitaban. La causa se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Santiago Pedraz.

El foco judicial apunta a las presuntas presiones sobre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Se trata de la unidad de élite que instruye las principales causas de corrupción que golpean al entorno del Ejecutivo, con el teniente coronel Antonio Balas al frente del grupo que tramita los expedientes más delicados. Todos los hechos permanecen en fase de investigación y ninguno de los señalados tiene condena, por lo que las imputaciones se mueven en el terreno de lo presunto. La causa se convirtió en uno de los frentes judiciales más sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez.

La cúpula, investigada

El juez imputó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia. La citación de ambos quedó fijada para el 16 de julio de 2026 y llegó después de que la reclamaran la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que lidera el Partido Popular. El magistrado descartó, en cambio, llamar como investigado al antecesor de González en el cargo, Leonardo Marcos. Es la primera vez que la conducción operativa del instituto armado comparece como investigada en esta causa.

Llamas declaró el jueves 16 de julio y su interrogatorio se extendió durante toda la mañana, lo que obligó a posponer la comparecencia de González. La directora acudió ese mismo día a la Audiencia Nacional, pero terminó regresando sin declarar y fue reprogramada para el viernes 17 a las 10:15. El DAO negó ante el juez haber presionado a la UCO para rebajar el tono en las investigaciones sensibles. La condición de investigado no implica culpabilidad: habilita al instructor a interrogar con garantías dentro de la instrucción.

Los encuentros con Díez

El informe de la UCO registró tres encuentros presenciales entre Mercedes González y Leire Díez, dos de ellos en septiembre y diciembre de 2024. Ante Pedraz, la directora reconoció solo dos de esas citas y negó la tercera, que según su versión no figuraba en su agenda. En el primer encuentro, Díez se habría limitado a felicitarla por su nombramiento al frente del instituto armado. En el segundo apareció el nombre del comandante procesado Rubén Villalba, vinculado a la presunta trama, y la conversación quedó cortada según el relato de la investigada.

González activó el borrado automático de sus mensajes de WhatsApp, de modo que se desconoce el contenido de las conversaciones posteriores a esos encuentros. Esa eliminación complica la reconstrucción de los intercambios que rastrea la Audiencia Nacional y alimenta el pedido de cautelares de la acusación popular. En su declaración, la directora se presentó como una perjudicada más de los manejos de Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización socialista. También negó haber ordenado a la UCO que dejara de ser proactiva en determinadas causas.

Mercedes González declaró el 17 de julio ante Pedraz y negó cualquier presión a la UCO.

Rol de la UCO

Dos informes de la UCO recogieron las sospechas de sus propios mandos sobre intentos de entorpecer las investigaciones en marcha. La inferencia central es la coincidencia temporal entre las reuniones de González con Díez y la apertura de informaciones reservadas contra miembros de la unidad. Esas indagaciones internas se cerraron al poco tiempo sin sanción alguna para los agentes afectados. Los documentos son el sustento sobre el que se apoya buena parte de la instrucción que dirige Pedraz.

La Fiscalía sitúa en una reunión celebrada en julio de 2024, en dependencias oficiales de la UCO, la instrucción para que los investigadores se pusieran de perfil en las causas con contenido político. A eso se suma una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información en abril de 2025, que alertaba al número dos del cuerpo sobre una campaña de desinformación dirigida contra la credibilidad de la unidad. En ese documento se identificaba a Díez como dinamizadora de la operación. La independencia operativa de la UCO es, precisamente, lo que la instrucción pretende blindar.

Piden prisión preventiva

Un sector de la acusación popular reclamó prisión provisional para la directora y para el DAO. El pedido se apoya en un presunto riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, a la luz de los indicios que figuran en el sumario. Es la medida cautelar más severa que se puso sobre la mesa durante la jornada. La solicitud debe canalizarse a través del Partido Popular, que encabeza la acusación popular unificada y tiene la última palabra.

La petición no parte del juez instructor ni de la Fiscalía Anticorrupción, lo que limita de entrada su recorrido procesal. Pedraz no adoptó hasta ahora ninguna medida de ese calibre y mantiene abierta la investigación sin restricciones para los dos investigados. Cualquier decisión sobre cautelares dependerá del contenido de las declaraciones y de la solidez de los indicios reunidos. La permanencia de ambos en sus cargos es, para las acusaciones, un riesgo para el desarrollo de la instrucción.

Sueldos bajo la lupa

Las retribuciones de la cúpula de seguridad quedaron bajo el foco al calor de la comparecencia. Mercedes González percibe 138.240,66 euros brutos anuales como máxima responsable del instituto armado, equivalentes a unos 11.520 euros brutos mensuales repartidos en doce pagas. El cargo tiene rango de subsecretaría de Estado, con complementos de antigüedad y productividad fijados para los altos cargos del Estado. Esa cifra supera la retribución anual del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se sitúa por debajo de los 100.000 euros brutos.

El contraste entre lo que cobra la directora y lo que perciben sus superiores políticos alimentó el debate público de la jornada. El dato no guarda relación directa con los hechos investigados, pero se instaló como munición en el pulso entre el Gobierno y la oposición. La comparación con los ingresos del jefe del Ejecutivo terminó de convertir la cifra en argumento político. En términos estrictamente procesales, el salario no incide en la causa que instruye la Audiencia Nacional.

Los informes de la UCO sostienen las sospechas de maniobras para frenar la instrucción.

Presión sobre Interior

La imagen de la cúpula de la Guardia Civil ante la Audiencia Nacional se convirtió en un argumento central de la ofensiva opositora. El planteo apunta a que la conducción política del instituto armado habría interferido en el trabajo de los agentes que investigan la corrupción alrededor del PSOE. Desde el Ejecutivo se sostiene la posición contraria y se mantiene el respaldo tanto a la directora como al número dos del cuerpo. Ninguno de los dos altos cargos fue apartado ni suspendido mientras avanza la instrucción.

El episodio puso en el centro del debate el control civil sobre la fuerza de seguridad más numerosa de España. La Guardia Civil sostiene las principales causas de corrupción y auxilia a los jueces en procedimientos complejos, de modo que cualquier sombra sobre su dirección tiene un impacto institucional inmediato. El desenlace judicial condicionará la posición del Ministerio del Interior en plena ofensiva parlamentaria. Un revés para la cúpula tensaría todavía más la relación entre el poder político y el instituto armado.

Qué sigue: caso Koldo

Manuel Llamas compareció el viernes 17 de julio ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, apenas un día después de declarar ante Pedraz. Fue la comparecencia número 110 de esa comisión y se prolongó durante casi tres horas. El DAO había logrado retrasar su cita parlamentaria justamente para acudir después de pasar por la Audiencia Nacional. Allí volvió a rechazar que hubiera presionado a la UCO en causas de fuerte componente político.

El número dos del cuerpo descartó dimitir, incluso en el supuesto de que el juez decida abrirle juicio oral. Sostuvo que su continuidad se apoya en su inocencia y que ni el ministro del Interior ni la directora general le pidieron dar un paso al costado. También reveló que, tras conocerse su imputación, mantuvo una conversación con Fernando Grande-Marlaska. La superposición del frente judicial y del escrutinio parlamentario deja a la conducción de la Guardia Civil en el centro de la crisis política.

Llamas compareció en el Senado por el caso Koldo y descartó dimitir aunque haya juicio.

El pulso institucional

Con las dos declaraciones ya tomadas, Pedraz deberá resolver si eleva el nivel de la investigación por las presuntas presiones o si desactiva las sospechas. El magistrado tiene sobre la mesa los informes de la UCO, la coincidencia temporal entre reuniones y expedientes internos, y las versiones que ofrecieron los dos investigados. También pesa la imposibilidad de recuperar los mensajes borrados, un vacío que ninguna de las partes puede llenar. Cualquiera de las dos vías tendrá impacto directo sobre el Ministerio del Interior.

Lo que está en juego excede a dos nombres propios y a un expediente concreto. La instrucción discute hasta dónde llega la dirección política de un cuerpo armado y dónde empieza la autonomía de los investigadores que trabajan para los jueces. De la respuesta depende la credibilidad de las pesquisas anticorrupción que hoy rozan al entorno del Gobierno. El control civil sobre la Guardia Civil y la independencia de la UCO son, en el fondo, el verdadero objeto del litigio.