La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ya empezó a generar consecuencias concretas en los tribunales. En una sentencia que trasciende ampliamente el caso analizado, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense dedicó un extenso tramo de sus fundamentos a establecer criterios sobre el uso de la prueba digital y los recaudos que deberán extremarse frente al crecimiento de herramientas capaces de generar contenidos falsos casi indistinguibles de los reales.
El pronunciamiento se dictó al revisar la condena de un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de la hija de su pareja. Pero, además de resolver la situación del imputado, el tribunal abrió un debate que promete ganar protagonismo en los próximos años: cómo debe responder la Justicia frente a la irrupción de la inteligencia artificial en la producción de pruebas.
Uno de los ejes del recurso presentado por la defensa fue la incorporación de audios de WhatsApp utilizados durante el juicio oral. Los abogados sostuvieron que esos archivos podían haber sido modificados mediante herramientas de inteligencia artificial y cuestionaron que la investigación no hubiera realizado las pericias necesarias para garantizar su autenticidad.
Aunque finalmente Casación rechazó ese planteo por entender que no existían elementos concretos que demostraran una adulteración de los audios, los jueces aprovecharon el caso para fijar una serie de pautas sobre la denominada evidencia digital.
En uno de los pasajes más novedosos del fallo, el Tribunal explica que las nuevas herramientas de inteligencia artificial permiten crear audios, imágenes y videos de enorme realismo, capaces de generar serias dificultades para distinguir un contenido auténtico de uno fabricado digitalmente.
Los magistrados advierten que este fenómeno -conocido internacionalmente como deepfake- obliga al sistema judicial a revisar los criterios tradicionales de valoración de la prueba, especialmente cuando la acusación se apoya en archivos electrónicos.
Según la sentencia -a la que NewsDigitales tuvo acceso- la evidencia digital presenta características que la vuelven particularmente sensible: puede alterarse sin dejar rastros visibles, duplicarse infinitamente, perderse con facilidad o dificultar la identificación de su verdadero origen.
Frente a ese escenario, Casación exhortó a fiscales, jueces y peritos para que adopten mayores recaudos para preservar la autenticidad de la prueba. Entre las medidas mencionadas aparecen el secuestro oportuno de los dispositivos electrónicos, la preservación de la cadena de custodia, la realización de pericias informáticas y la correcta incorporación del material durante el debate oral.
El objetivo -señala el fallo- no es únicamente proteger la calidad de la investigación, sino también resguardar derechos constitucionales como la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la privacidad y el debido proceso.
Aunque en este caso el tribunal concluyó que no existían razones objetivas para considerar adulterados los audios incorporados al juicio, dejó sentado que la creciente utilización de inteligencia artificial obligará a los tribunales a elevar los estándares de control sobre toda evidencia digital.
En otras palabras, la sentencia advierte que las nuevas tecnologías exigen mecanismos de autenticación cada vez más rigurosos para evitar que contenidos manipulados puedan influir en una decisión judicial.