La decisión de la Cámara Federal de San Martín de dejar sin efecto la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa Volver al Trabajo reactivó el conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sociales y sindicales.
En ese contexto, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión con autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), donde ambas organizaciones resolvieron coordinar un plan de acción conjunto que incluirá movilizaciones nacionales el 22 de julio y el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano.
Además, ATE analizará en las próximas horas la convocatoria a una jornada nacional de lucha para acompañar la movilización bajo la histórica consigna de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".
Tras el encuentro, Aguiar cuestionó con dureza la decisión judicial y sostuvo que el fallo agrava la situación de los sectores más vulnerables. "Pensar que una de las definiciones más clásicas y antiguas de Justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Con esta Justicia que le da solo a los ricos y para eso le quita todo a los pobres estamos perdidos", afirmó el dirigente estatal
En la misma línea, advirtió que la interrupción del programa tendrá consecuencias sociales de gran magnitud. "No se puede tolerar la decisión de quitarle su único ingreso a los más necesitados. Están generando un daño irreparable a cientos de miles de familias. Esta medida termina de resquebrajar el tejido social en la Argentina. El país está pasando de una pobreza circunstancial a una pobreza estructural, y se trata de una política de Estado", sostuvo.
Como primera medida, ATE acompañará la Jornada Nacional de Lucha convocada por las organizaciones que integran la UTEP para el próximo 22 de julio, bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud".
La protesta incluirá asambleas, movilizaciones, cortes de ruta y distintas acciones en todo el país con el objetivo de exigir la continuidad del programa social.
Posteriormente, ambas organizaciones volverán a confluir el 7 de agosto, durante la tradicional peregrinación de San Cayetano, una de las movilizaciones sociales más importantes del calendario argentino, que partirá desde el santuario de Liniers y culminará en Plaza de Mayo.
La decisión de la Cámara Federal de San Martín, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, dejó sin efecto la cautelar que había suspendido el cierre del programa dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.
De acuerdo con las organizaciones sociales, la resolución implicará que más de 900.000 personas dejen de percibir, a partir de agosto, la prestación mensual de 78.000 pesos que recibían a través del programa.
Según estiman, la pérdida de ese ingreso representa para cada beneficiario dejar de acceder al equivalente a 35 litros de leche, 20 kilos de pan, 6 kilos de carne o 95 viajes en colectivo, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida.
En la resolución de primera instancia que ahora fue revocada, el juez había considerado que la finalidad del programa consistía en promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los sectores de mayor vulnerabilidad.
En ese marco, había advertido que la interrupción abrupta del beneficio podía provocar un riesgo de daño irreparable para miles de familias, razón por la cual ordenó mantener vigente la prestación mientras se resolvía el fondo del planteo.
Con la revocación de esa cautelar, el conflicto volvió a escalar y las organizaciones sociales y sindicales anticipan un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional, que tendrá uno de sus principales focos en la movilización de San Cayetano prevista para el próximo 7 de agosto.