El debate sobre la presencia de la tecnología en las aulas sumó un nuevo capítulo clave en la Argentina. Un informe de la ONG “Argentinos por la Educación” reveló que el 59% de los alumnos de tercer grado de la primaria ya tiene un celular propio. Frente a esta realidad, y ante la creciente preocupación por la falta de atención de los estudiantes, al menos 11 jurisdicciones del país —lo que representa el 45% del territorio nacional— decidieron avanzar con normativas y protocolos para regular o limitar el uso de los dispositivos en el horario de clase.
El documento, titulado “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?” y elaborado por los especialistas Andrea Goldin, Martín Nistal y Tomás Besada, analizó la expansión de estos aparatos a partir de los datos oficiales de las pruebas Aprender 2024. Las cifras muestran un acceso cada vez más temprano: además del porcentaje con teléfono propio, un 23% de los chicos de apenas 8 años utiliza el dispositivo de un familiar. En la secundaria, en tanto, la tenencia es casi total y alcanza al 90% de los alumnos.

La investigación cruzó datos locales con evidencia internacional y encendió una luz de alerta para los ministerios de educación: prohibir las pantallas dentro del aula no es una solución mágica. Si bien la gran mayoría de los estudios del mundo coincide en que las restricciones estrictas logran reducir drásticamente las distracciones y el tiempo de uso en el colegio, el impacto real sobre el rendimiento académico sigue siendo ambiguo y dispar.
Mientras que algunos análisis aislados muestran mejoras moderadas en las notas de los alumnos más vulnerables o de bajo desempeño, otras investigaciones no detectaron cambios significativos en el aprendizaje, incluso en escuelas con prohibiciones absolutas. Lo mismo ocurre en áreas como la convivencia y el bienestar estudiantil: los efectos sobre el clima escolar y la disminución del bullying todavía muestran resultados diversos en el mundo.
A nivel local, el acceso a la tecnología expone brechas sociales y geográficas. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego lideran los índices de tenencia con más del 65% de los chicos de primaria con celular propio, mientras que en Misiones y Formosa esa proporción cae al 40%. Desde lo socioeconómico, el 63% de los alumnos de los sectores de mayores ingresos tiene un teléfono personal, frente al 52% de los quintiles más bajos.
Al no existir una ley nacional unificada, las provincias avanzaron a distintas velocidades y con criterios muy dispares:
Limitaciones amplias: La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa optaron por aplicar restricciones severas principalmente en los niveles inicial y primario.
Por nivel o con fines pedagógicos: La provincia de Buenos Aires limitó el uso únicamente en la secundaria. Mendoza, por su parte, decidió permitir los dispositivos solo cuando el docente los supervise para una actividad estrictamente pedagógica.
Flexibilidad institucional: Salta y Tucumán eligieron no generalizar y habilitaron a que cada escuela adapte la normativa según su propio contexto.
Esta tendencia argentina se da en sintonía con una fuerte corriente global. Según datos de la UNESCO, la preocupación por el bienestar digital en las escuelas hizo que la cantidad de países con restricciones formales se disparara en los últimos años, pasando de menos de un 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.