Cancelaciones, sumarios y suspensiones: la crisis de Flybondi llegó a Diputados

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo un informe urgente sobre la situación de Flybondi, en medio de la crisis operativa que atravesó la aerolínea de bajo costo y luego de casi dos semanas sin vuelos comerciales.

La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo remitan información detallada y documentación respaldatoria sobre el funcionamiento operativo, financiero, laboral y de control de la empresa durante el último año.

El proyecto surge después de que Flybondi suspendiera completamente sus operaciones desde el 2 de julio de 2026 y recién comenzara a retomar los vuelos el 15 de julio, tras un proceso de reestructuración impulsado por sus nuevos accionistas.

El contexto de la crisis de Flybondi

En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que la empresa permaneció al menos once días consecutivos sin operar vuelos con pasajeros y cuestiona que, durante ese período, continuara comercializando pasajes sin advertir sobre el riesgo de cancelaciones.

La legisladora también pone el foco en la actuación de los organismos de control. Según señala, "ni la Secretaría de Transporte, ni la Subsecretaría de Transporte Aéreo, ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informaron medidas concretas vinculadas a las cancelaciones masivas ni a la continuidad de la venta de pasajes durante la suspensión total del servicio".

Además, afirma que la situación no constituye un hecho aislado sino la consecuencia de un deterioro que la compañía venía evidenciando desde comienzos de año.

La reanudación de los vuelos y la denuncia de los nuevos dueños

Mientras el pedido de informes ingresó al Congreso, Flybondi comenzó a normalizar gradualmente sus operaciones.

La empresa informó que retomó los vuelos luego de un "impasse técnico" que atribuyó a la necesidad de corregir "una situación irregular de arrastre" detectada durante una auditoría interna.

Los nuevos propietarios, encabezados por el grupo estadounidense COC Global Enterprise, denunciaron presuntas irregularidades de la gestión anterior y anunciaron que impulsarán acciones judiciales contra parte del exmanagement.

Según explicó la compañía, el proceso de due diligence iniciado tras el ingreso del nuevo accionista detectó "divergencias sustanciales" entre la información presentada por la conducción anterior y la situación real de la empresa.

En esta primera etapa de recuperación, Flybondi informó que comenzó a operar con dos aeronaves y prevé incorporar progresivamente otras seis hasta alcanzar una flota operativa de ocho aviones.

Los 11 puntos que el Congreso quiere conocer

El proyecto solicita información oficial sobre once aspectos considerados centrales para evaluar la actuación de la empresa y de los organismos estatales.

1. Cancelaciones y demoras

Solicita el detalle de todas las cancelaciones, demoras y reprogramaciones registradas durante los últimos doce meses, discriminadas por mes, ruta y motivo, además del porcentaje de cumplimiento efectivo de los vuelos programados.

2. Venta de pasajes durante la suspensión

Pide conocer cuántos pasajes fueron vendidos mientras Flybondi tenía suspendidas total o parcialmente sus operaciones, especialmente desde el 2 de julio de 2026.

También pregunta si el Gobierno evaluó impedir o limitar la comercialización de tickets durante ese período y cuáles fueron los fundamentos de las decisiones adoptadas.

3. Estado de la flota

Requiere información sobre la cantidad de aeronaves habilitadas para volar, los aviones fuera de servicio, las causas de esas bajas operativas y los mecanismos previstos para reemplazar aeronaves cuando se producen contingencias.

4. Controles realizados por la ANAC

Solicita el detalle de todas las inspecciones ordinarias y extraordinarias efectuadas por la autoridad aeronáutica durante el último año, junto con sus resultados, observaciones y el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas.

5. Sumarios e investigaciones

Pide informar si existen expedientes administrativos, investigaciones o sumarios abiertos contra Flybondi, cuál es el estado de cada uno y por qué, en caso de corresponder, todavía no se aplicaron sanciones.

6. Planes de regularización

Solicita conocer los planes presentados por la empresa para normalizar sus operaciones, los compromisos asumidos y el nivel de cumplimiento verificado por la autoridad aeronáutica.

7. Restricciones a la operación

Consulta si la ANAC evaluó limitar temporalmente la programación de vuelos o la venta de pasajes para proteger a los pasajeros frente al deterioro operativo de la compañía.

8. Reclamos de los pasajeros

Pide datos sobre la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de devolución del dinero de los pasajes, las compensaciones efectivamente abonadas y las actuaciones coordinadas con Defensa del Consumidor.

9. Situación económica

Solicita información sobre la situación económico-financiera de Flybondi cuando pueda afectar la continuidad del servicio o la seguridad operacional.

En ese punto incluye eventuales concursos preventivos, pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales como empresas de combustible, mantenimiento o servicios para tripulaciones, y las evaluaciones realizadas por la autoridad aeronáutica.

10. Situación laboral

Requiere un informe completo sobre el estado del personal de la empresa, incluyendo:

• Cantidad de trabajadores suspendidos.
• Existencia de salarios o indemnizaciones pendientes.
• Acuerdos de retiro voluntario aún impagos.
• Actuaciones realizadas por la Secretaría de Trabajo durante el último año.
• Evaluación del impacto laboral sobre la continuidad del servicio y la seguridad operacional.

11. Medidas para proteger a los pasajeros

Finalmente, el proyecto solicita que el Gobierno detalle todas las acciones adoptadas o previstas para garantizar la seguridad operacional, asegurar la continuidad del servicio y proteger los derechos de los pasajeros.

Las críticas a los organismos de control

En los fundamentos, Monzón sostiene que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y recuerda que el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza la protección de los consumidores y usuarios.

La diputada considera que permitir la venta de pasajes durante una suspensión total de operaciones "compromete de manera directa" ese mandato constitucional, ya que los pasajeros tienen derecho a recibir información adecuada y veraz.

Asimismo, advierte que cuando una empresa enfrenta dificultades económicas significativas, el análisis sobre su capacidad para mantener los estándares de seguridad deja de ser una cuestión meramente financiera.

"La pregunta sobre su capacidad de sostener los estándares de mantenimiento y seguridad operacional deja de ser una hipótesis abstracta y pasa a integrar el núcleo mismo del control que la ANAC está llamada a ejercer", sostiene el texto.