El gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de dos proyectos que considera estratégicos para la segunda etapa de su programa económico. Se trata de una reforma integral del Código Aduanero y de una iniciativa para desregular el mercado inmobiliario, dos medidas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que el oficialismo buscará enviar al Congreso una vez finalizado el receso legislativo.
Informe de desregulación de junio: ya superamos las 16.000! Si no fuera por estas trabas Argentina sería un país riquísimo, pero bueno, allá vamos. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/KLNoV7xToD
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 14, 2026
Las iniciativas se suman a otros proyectos que el Ejecutivo pretende reactivar en las próximas semanas, entre ellos la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la modificación del régimen de Zonas Frías y la reforma electoral. En la Casa Rosada consideran que estas medidas forman parte de una nueva etapa de reformas orientadas a reducir regulaciones y simplificar la actividad económica.
En el caso del mercado inmobiliario, el proyecto propone modificar el régimen del corretaje para que deje de ser considerado una profesión liberal y pase a encuadrarse como una actividad de intermediación comercial. La iniciativa también contempla eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales y permitir que los operadores puedan trabajar en distintas jurisdicciones sin restricciones territoriales.
La propuesta vinculada al sector inmobiliario fue elaborada con aportes de empresarios del rubro. Entre ellos figura Jorge Amoreo Casotti, CEO de la firma Proptech Pint, quien sostiene que el sistema actual limita la competencia mediante la obligatoriedad de la matriculación y el poder de los colegios profesionales para habilitar y sancionar a los corredores.
En paralelo, el Gobierno trabaja sobre una reforma del Código Aduanero que apunta a reducir trámites administrativos, agilizar el ingreso y egreso de mercaderías, revisar los controles y modificar aspectos vinculados a la figura del contrabando y su régimen de sanciones. La iniciativa también prevé cambios en la estructura operativa del organismo y una reorganización de funciones.
El borrador ya comenzó a generar cuestionamientos entre los trabajadores de la Aduana. Desde el SUPARA, el sindicato que representa al personal, advirtieron que una reforma sin participación de los empleados podría afectar la capacidad de fiscalización del Estado y debilitar los mecanismos de control sobre el comercio exterior.

Las críticas también alcanzan al impacto que podrían tener las modificaciones sobre la lucha contra el contrabando. Desde distintos sectores vinculados al comercio exterior sostienen que cualquier proceso de desregulación deberá compatibilizarse con herramientas que permitan preservar los controles fronterizos y evitar un incremento del comercio ilegal.
Con estos proyectos, el Gobierno busca profundizar la agenda de desregulación que impulsa desde el inicio de la gestión. Sin embargo, ambos textos prometen abrir un fuerte debate político y técnico en el Congreso, donde el oficialismo deberá reunir apoyos para avanzar con reformas que ya generan resistencia entre sectores profesionales, gremiales y parte de la oposición.