El crimen que terminó con un cuerpo descuartizado: qué falta para cerrar el caso de "Lechuga" Pérez Algaba

A tres años del crimen que conmocionó a la provincia de Buenos Aires por la violencia con la que fue ejecutado y el intento de hacer desaparecer el cuerpo, la causa por el asesinato de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba transita su etapa final para tres de los acusados, aunque el expediente todavía está lejos de cerrarse.

El próximo 5 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 9 de Lomas de Zamora llevará adelante la audiencia de cesura, instancia previa al dictado de la sentencia contra los tres hombres que un jurado popular declaró culpables por unanimidad por el homicidio del empresario.

Según explicó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado querellante y ex fiscal de Morón, Javier Baños, una vez realizada esa audiencia comenzará a correr el plazo legal de cinco días hábiles para que el tribunal dé a conocer el fallo.

El letrado aclaró que, debido a la calificación legal del delito, la pena ya está definida por la ley. "Al no ser cuantificable la pena, la audiencia es solamente una formalidad", sostuvo Baños.

Los tres acusados que serán condenados a perpetua

El jurado popular encontró penalmente responsables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.

Esa calificación prevé una única sanción posible: prisión perpetua. Sin embargo, el proceso judicial no terminará con esa sentencia. En el expediente todavía permanecen otros cuatro imputados que deberán enfrentar un juicio ordinario ante el mismo tribunal.

Se trata de Flavia Lorena Bombrad, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, quienes están acusados de haber participado en distintas etapas del plan criminal. Aunque la causa continuará en el TOC N° 9, todavía no fue fijada la fecha del debate oral.

Una deuda de 200 mil dólares y un crimen planificado

La investigación determinó que Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, donde había concurrido para reclamar una deuda que, según la acusación, mantenía con Maximiliano Pilepich.

Para la querella, el móvil del crimen fue económico. La hipótesis sostiene que el empresario reclamaba 200 mil dólares correspondientes a una operación vinculada con cuatro departamentos y que el asesinato fue planificado para eliminar esa deuda.

De acuerdo con esa reconstrucción, Pilepich y Vargas organizaron el ataque, mientras que Bombrad habría sido la encargada de convencer a la víctima de trasladarse hasta el campo donde finalmente fue asesinada.

La acusación también sostiene que, una vez consumado el homicidio, Matías Gil y Fernando Gastón Carrizo colaboraron con el traslado del cadáver, mientras que el entonces comisario Horacio Córdoba habría intervenido en el descuartizamiento del cuerpo y en su posterior ocultamiento dentro de valijas que luego fueron abandonadas en un arroyo de Ingeniero Budge.

El caso adquirió una enorme repercusión cuando los restos del empresario comenzaron a aparecer en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense. Parte del cuerpo fue encontrada dentro de una valija, lo que inicialmente llevó a investigar a una joven trans propietaria del equipaje. Sin embargo, con el avance de la investigación quedó desvinculada del hecho y finalmente fue sobreseída.

Tres años después del asesinato, la causa ya tiene un veredicto de culpabilidad para los principales acusados y se encamina a las condenas perpetuas. No obstante, la investigación todavía mantiene un capítulo abierto con los imputados que deberán responder en un segundo juicio por su presunta participación en uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.