Luz verde a la concesión del Belgrano Cargas: cómo impactará en la red ferroviaria

El Gobierno nacional se prepara para dar un nuevo paso en su plan de privatizaciones con la publicación del pliego para licitar Belgrano Cargas y Logística, una de las empresas estatales incluidas en la Ley Bases. Según fuentes oficiales, la documentación atraviesa las últimas revisiones jurídicas y podría publicarse en los próximos días en el Boletín Oficial, lo que habilitará formalmente el proceso de concesión.

La iniciativa apunta a transferir a operadores privados la gestión de la principal red ferroviaria de cargas del país, integrada por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que actualmente transportan granos, insumos industriales y mercaderías desde las economías regionales hacia puertos y centros de consumo.

De acuerdo con el esquema que impulsa la administración de Javier Milei, la concesión tendrá una duración de 50 años y contemplará un plazo cercano a los 90 días para la presentación de ofertas. El objetivo oficial es definir las adjudicaciones antes de fin de año o durante los primeros meses de 2027.

Un nuevo esquema para atraer inversiones

A diferencia de las concesiones ferroviarias de la década de 1990, la licitación dividirá el negocio en tres unidades: la administración de la infraestructura ferroviaria, los talleres y el material rodante. Sin embargo, el pliego también permitirá que una misma empresa o consorcio presente ofertas por la totalidad de las operaciones, una alternativa que busca ampliar el interés de los inversores.

Entre los grupos que siguen de cerca el proceso aparecen la firma mexicana Ferromex, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares para modernizar la red, además de un consorcio integrado por Bunge, Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company, junto con empresas argentinas vinculadas a la infraestructura ferroviaria como Grupo Roggio.

El esquema oficial también prevé que las inversiones realizadas por los futuros concesionarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta con la que el Gobierno busca mejorar las condiciones para captar capital privado.

La privatización forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la participación del Estado en empresas públicas y promover inversiones en infraestructura. En ese marco, el Gobierno estima que será necesario ejecutar obras ferroviarias por unos 800 millones de dólares para recuperar la capacidad operativa de la red y mejorar la competitividad del transporte de cargas.

Con la publicación del pliego, el oficialismo pondrá en marcha una de las licitaciones más relevantes previstas en la Ley Bases, en un proceso que volverá a abrir el debate sobre el futuro del sistema ferroviario, el rol del Estado y el alcance del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei.