La Knesset se disolvió y dejó a Netanyahu con menos contrapesos institucionales

El Parlamento de Israel votó este viernes su propia disolución y dejó fijada la fecha de las próximas elecciones generales para el 27 de octubre de 2026. La decisión se tomó dentro de un proyecto de ley de financiación de partidos, que incorporó la cláusula de disolución y avanzó con 62 votos a favor y ningún voto en contra. Con este resultado, la Knesset número 25 cerró su actividad legislativa y dio inicio de manera formal al proceso electoral que definirá al próximo gobierno israelí. El cierre llega después de un ciclo parlamentario que se extendió durante los cuatro años completos previstos por la ley.

El dato que distingue a esta disolución no es solo la convocatoria a elecciones, sino el conjunto de leyes que se aprobaron en la misma sesión. El pleno redujo las atribuciones del fiscal general, amplió la supervisión estatal sobre los medios de comunicación y frenó el arresto de ciudadanos ultraortodoxos que evitan el servicio militar obligatorio. Los tres cambios apuntan en una misma dirección: menos mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo justo cuando se inicia la disputa electoral. Ese paquete legislativo quedó parcialmente opacado por el anuncio de la disolución, aunque su alcance institucional es, en los hechos, más profundo.

Un tablero institucional distinto

Benjamin Netanyahu llega a la campaña electoral con una arquitectura de control sobre su propio gobierno más débil que la que existía al inicio del mandato. La reducción de las competencias del fiscal general acota a uno de los organismos con mayor capacidad de supervisión sobre las decisiones del Ejecutivo, mientras que el mayor peso estatal sobre los medios reduce otro contrapeso tradicional en cualquier democracia parlamentaria. El freno al arresto de ultraortodoxos que evitan el servicio militar alivia la presión sobre un sector clave para sostener una eventual coalición de gobierno. El primer ministro competirá así con menos estructuras capaces de auditar su gestión durante los meses de campaña.

La Knesset que se disuelve completó sus cuatro años de mandato, algo que no ocurría desde 1988 y que contrasta con la seguidilla de elecciones anticipadas que caracterizó a la política israelí en la última década. Ese dato agrega un matiz relevante al cierre de la legislatura: un ciclo que se distinguió por agotar su período legal terminó, sin embargo, recortando controles institucionales en lugar de ampliarlos. El período coincidió además con los ataques del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Oriente Próximo, un contexto que atravesó buena parte de la actividad parlamentaria de estos cuatro años y que explica en parte la intensidad de la sesión final.

La Knesset se disolvió con 62 votos y fijó elecciones para el 27 de octubre.

Lo que viene hasta octubre

Israel llega a esta convocatoria electoral con una imagen de desgaste para el oficialismo. Los sondeos disponibles ubican a Netanyahu por debajo de sus principales adversarios, entre los que se perfila con fuerza el exjefe del Estado Mayor Gadi Eizenkot al frente del nuevo partido Yashar. Ninguno de los bloques que aparecen en las mediciones actuales alcanza por sí solo la mayoría de 61 bancas necesaria para formar gobierno, lo que anticipa una negociación compleja una vez conocidos los resultados del 27 de octubre. Los partidos ultraortodoxos y las listas árabes, con una porción relevante del Parlamento, quedarán en una posición decisiva para inclinar cualquier acuerdo de coalición.

La misma sesión recortó poderes del fiscal general y amplió el control sobre medios.

De aquí a esa fecha, Netanyahu buscará revertir un escenario adverso con un tablero institucional que quedó con menos controles que al inicio de la legislatura. La campaña se desarrollará en paralelo a la guerra en Gaza y a los frentes abiertos con Líbano e Irán, temas que el primer ministro utiliza como argumento central para pedir continuidad en el cargo. La pregunta que deja abierta esta jornada es si ese recorte de contrapesos institucionales termina siendo una ventaja para el oficialismo o un costo político adicional en una elección que ya se perfila como una de las más competitivas de los últimos años.