La crisis del PAMI suma un nuevo frente. Mientras crecen las demoras para conseguir turnos, organizaciones médicas y representantes de profesionales denuncian que la obra social atraviesa un éxodo de médicos de cabecera provocado por honorarios insuficientes y cambios en la asignación de pacientes que, según sostienen, funcionan como "despidos encubiertos".

De acuerdo con los reclamos, los médicos perciben alrededor de $2.100 mensuales por paciente, un monto que consideran insuficiente para sostener la atención. Además, aseguran que quienes cuestionaron públicamente esa situación sufrieron una reducción masiva de sus cápitas, quedando con una cantidad de afiliados que vuelve inviable la continuidad de su trabajo.
Las consecuencias ya comenzaron a reflejarse en distintas ciudades del país. En varios distritos, los afiliados denuncian demoras de meses para acceder a un turno y dificultades para conseguir un médico de cabecera, mientras los hospitales públicos advierten sobre un posible incremento en la demanda.
En Tandil, organizaciones de jubilados alertaron sobre la salida de profesionales y reclamaron mayor financiamiento para el sistema. Según expusieron, el objetivo del organismo es contar con 33 médicos de cabecera para atender a unos 25.000 afiliados, una cifra que consideran insuficiente frente a la demanda actual.

La situación también genera preocupación en Balcarce, donde esta semana dejaron de prestar servicios dos médicos de cabecera y quedaron apenas 12 profesionales para asistir a unos 8.500 afiliados. En tanto, desde el Hospital Julieta Lanteri advirtieron que un eventual colapso del PAMI terminaría trasladando la presión sobre el sistema público de salud.
En Olavarría, profesionales denunciaron una reasignación masiva de pacientes que dejó a cientos de jubilados sin los médicos que los atendían desde hacía años. Las críticas apuntan a las autoridades locales del organismo, mientras que en localidades del oeste del conurbano, como Merlo y Morón, afiliados aseguran haber recibido notificaciones donde se les informa que no hay disponibilidad para asignar un médico de cabecera.

A ese escenario se suman denuncias provenientes de Córdoba, donde representantes del sector afirman que algunos médicos perdieron cerca del 90% de sus pacientes luego de cuestionar públicamente la política del organismo. Según sostienen, esa modalidad termina empujando a los profesionales a abandonar el sistema y agrava una crisis que ya impacta directamente en la atención de millones de jubilados.