La llegada de Péter Magyar al poder no ha producido una transición basada en la convivencia institucional, sino una ofensiva acelerada contra las autoridades vinculadas con la administración anterior. En apenas dos meses, el nuevo primer ministro ha utilizado su mayoría parlamentaria para intervenir organismos, modificar las reglas constitucionales y apartar a quienes considera obstáculos para su proyecto. La destitución del presidente Tamás Sulyok representa hasta ahora la expresión más grave de esa estrategia.
Sulyok había sido elegido constitucionalmente por el Parlamento en 2024 para cumplir un mandato de cinco años, pero la mayoría de Magyar aprobó una disposición concebida específicamente para terminarlo antes de 2029. El presidente firmó la reforma después de que el Gobierno advirtiera que podía iniciar un proceso de destitución si se negaba. La Constitución dejó así de funcionar como límite general del poder y fue convertida en un instrumento dirigido contra una autoridad concreta.
La enmienda fue aprobada por 139 votos contra seis, mientras 54 diputados no participaron de la votación. La mayoría de dos tercios obtenida por Tisza le concede a Magyar capacidad legal para reformar la Ley Fundamental, pero no transforma cada decisión gubernamental en una práctica políticamente legítima. Una supermayoría debe servir para construir consensos duraderos, no para eliminar anticipadamente a los representantes del orden institucional derrotado en las urnas.
La reforma también establece un límite de 70 años para los jueces constitucionales, restringe a 12 años la permanencia de los parlamentarios y crea una oficina destinada a recuperar bienes presuntamente desviados. Aunque estas disposiciones son presentadas como una modernización democrática, su aplicación golpea principalmente a dirigentes, magistrados y funcionarios relacionados con el anterior Gobierno. El resultado no es una institucionalidad más neutral, sino una reorganización del Estado alrededor de los intereses del nuevo vencedor.

Magyar sostiene que sus medidas buscan restaurar la democracia, pero la calidad democrática no puede medirse por la velocidad con la que un Gobierno sustituye a sus adversarios. Incluso la Comisión Europea, con la que el nuevo primer ministro busca recomponer relaciones, no había exigido la remoción de Sulyok. La decisión respondió, por tanto, a una voluntad política interna de desplazar al presidente y no a una obligación internacional necesaria para recuperar fondos europeos.
— Dr. Tamás Sulyok (@DrTamasSulyok) July 18, 2026
El Gobierno anterior dejó autoridades designadas conforme a las normas vigentes y con mandatos que debían sobrevivir a la alternancia. Magyar podía gobernar, impulsar sus reformas y demostrar la superioridad de su proyecto sin expulsar a quienes representan la etapa precedente. Al optar por una Constitución hecha a la medida de su revancha, el primer ministro revela una peligrosa concepción del poder: no le basta con dirigir Hungría, también pretende eliminar cualquier contrapeso heredado que limite su dominio.