Menos burocracia y más competencia: el plan de Milei para Aduana y el mercado inmobiliario

Tras impulsar iniciativas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma electoral y los cambios en el régimen de Zonas Frías, el gobierno de Javier Milei prepara una nueva batería de proyectos orientados a profundizar su programa de desregulación económica.

Las dos iniciativas, que la Casa Rosada considera estratégicas para la segunda mitad del año, apuntan a una reforma integral del Código Aduanero y a una profunda modificación del mercado inmobiliario, dos sectores donde el oficialismo considera que existen regulaciones excesivas que limitan la competencia y la inversión.

Detrás de ambos proyectos aparece una figura central del Gabinete: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja en los borradores junto a funcionarios, especialistas y representantes del sector privado.

Cambios de fondo en el negocio inmobiliario

Uno de los proyectos que más expectativa genera es el que busca modificar el funcionamiento del mercado inmobiliario argentino.

La iniciativa pretende eliminar el carácter de profesión liberal del corretaje inmobiliario para convertirlo en una actividad de intermediación comercial, reduciendo el peso regulatorio que actualmente ejercen los colegios profesionales.

Según trascendió, el texto propone eliminar la obligatoriedad de estar matriculado para ejercer la actividad y permitir que los operadores puedan trabajar en cualquier jurisdicción del país sin las restricciones provinciales vigentes.

La reforma también apunta a limitar las facultades sancionatorias de los colegios profesionales, un punto que promete abrir un fuerte debate dentro del sector.

Entre quienes participaron del intercambio de ideas con el Gobierno figura Jorge Amoreo Casotti, CEO de la empresa Proptech Pint, quien sostiene que el corretaje inmobiliario debe ser entendido como un servicio comercial y no como una profesión regulada.

Desde esa visión, consideran que el sistema actual favorece estructuras corporativas que restringen la competencia y elevan los costos para consumidores y operadores.

La reforma aduanera, otro eje de la desregulación

En paralelo, el oficialismo trabaja sobre una modificación integral del Código Aduanero, uno de los proyectos más sensibles por su impacto sobre el comercio exterior.

De acuerdo con fuentes vinculadas al organismo, el borrador contempla una reducción de trámites administrativos, una flexibilización de controles y una reorganización del funcionamiento interno de la Aduana.

Entre los cambios que analiza el Gobierno aparecen la simplificación de procesos para facilitar el ingreso y egreso de mercaderías, una disminución de estructuras burocráticas y una revisión de la figura penal del contrabando y de las sanciones actualmente previstas por la legislación.

El objetivo oficial es agilizar el comercio exterior y reducir costos operativos para empresas e importadores.

Los gremios ya anticipan resistencia

Desde el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) advirtieron que una flexibilización excesiva podría debilitar los mecanismos de control estatal y afectar la capacidad de fiscalización sobre las operaciones de comercio exterior.

El gremio, encabezado por Daniel Mallotti, sostiene que cualquier modificación debería debatirse con participación de los trabajadores y advirtió que el contexto actual no resulta favorable para reducir controles.

Incluso, la organización sindical inició conversaciones con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad que también manifestó preocupación por el crecimiento del comercio ilegal y el avance del contrabando.

Una agenda que promete fuerte debate político

Las dos iniciativas forman parte del plan de reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei con el objetivo de reducir la intervención estatal, eliminar regulaciones y ampliar la competencia en distintos sectores de la economía.

Sin embargo, antes de llegar al Congreso, los proyectos ya despiertan cuestionamientos de sindicatos, colegios profesionales y distintos actores económicos que anticipan un intenso debate sobre el alcance de las modificaciones.

Con estas propuestas, el Gobierno busca consolidar una nueva etapa de su programa liberal, convencido de que una menor regulación favorecerá la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. Pero el camino no será sencillo: la reforma del Código Aduanero y la transformación del mercado inmobiliario prometen convertirse en dos de las discusiones más relevantes de la agenda política y económica en los próximos meses.

ND