El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la reglamentación de la reforma laboral y modificó la forma en que se calculan los aportes sindicales.
A partir de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, quedó establecido que esos descuentos se realizarán únicamente sobre las remuneraciones habituales y mensuales, dejando afuera una serie de conceptos que hasta ahora generaban interpretaciones.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 612/2026, que reglamenta aspectos de la Ley de Modernización Laboral y busca precisar cuáles son los ingresos que deben tomarse como base para calcular los aportes destinados a las organizaciones sindicales.

La nueva reglamentación dispone que los aportes se calcularán sobre el salario básico establecido por el convenio colectivo correspondiente a cada trabajador y sobre aquellas sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual.
Con esta definición, el Ejecutivo busca unificar criterios y evitar diferencias en la aplicación de la normativa entre empresas y sindicatos.
El decreto también detalla cuáles serán los conceptos que ya no integrarán la base de cálculo de los aportes sindicales. Entre ellos figuran:
Cualquier otro pago que no tenga carácter habitual, mensual y permanente. En otras palabras, únicamente se computarán los ingresos que formen parte de la remuneración mensual habitual del trabajador.
Además de redefinir la base de cálculo, la norma establece que las contribuciones y aportes realizados por los empleadores deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados por cada sindicato.
Para garantizar ese objetivo, los recursos deberán administrarse de manera separada del resto del patrimonio de las organizaciones gremiales, mediante registros específicos que permitan identificar claramente el destino de esos fondos.

Según explica el Gobierno en los fundamentos del decreto, la reglamentación busca otorgar mayor claridad sobre el alcance de las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral y facilitar su aplicación tanto para empleadores como para las asociaciones sindicales.
Con estas precisiones, el Ejecutivo intenta reducir las diferencias de interpretación que existían hasta ahora respecto de los conceptos salariales alcanzados por los aportes sindicales.