Las universidades nacionales volvieron a recurrir a la Justicia en el marco del conflicto con el Gobierno por el financiamiento del sistema público de educación superior. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó la habilitación de la feria judicial para que el expediente continúe su trámite durante el receso de invierno y se dicte una sentencia definitiva sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El planteo fue presentado ante el fuero contencioso administrativo federal, que permanece de turno durante la feria, con el objetivo de evitar que la causa quede paralizada durante dos semanas. Los rectores sostienen que, pese a que la Corte Suprema dejó firme hace un mes una medida cautelar favorable, el Poder Ejecutivo todavía no cumplió con las obligaciones impuestas por la Justicia.

La presentación fue impulsada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del CIN, organismo que reúne a las universidades nacionales.
Además de reclamar la continuidad del expediente durante la feria, las universidades solicitaron que la Justicia avance sobre el fondo de la cuestión y determine si el Estado debe cumplir plenamente con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Según argumentaron, el conflicto ya excede el alcance de la medida cautelar y requiere una definición definitiva sobre la vigencia y aplicación de la norma aprobada por el Congreso.
A fines de junio, la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que ordenó al Estado aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de la actualización de las becas estudiantiles.
Sin embargo, el CIN sostiene que esos incrementos aún no fueron efectivizados.
"Desde agosto de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026", sostuvo Bartolacci en la presentación judicial.
El rector también cuestionó la estrategia procesal del Gobierno y aseguró que el Poder Ejecutivo realizó distintas presentaciones para demorar el avance del expediente. "El PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo", afirmó.
Además del cumplimiento de la cautelar, las universidades solicitaron que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento.
Para el CIN, ese criterio contradice la voluntad expresada por el Congreso al sancionar la norma y constituye uno de los principales puntos del conflicto judicial.
Ahora será el fiscal de feria quien deberá pronunciarse sobre el pedido de habilitación antes de que el juez Martín Cormick defina si la causa seguirá avanzando durante el receso invernal.
Si bien el Gobierno firmó en junio un acta compromiso para transferir recursos destinados a salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, las autoridades universitarias sostienen que ese acuerdo no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni de las resoluciones judiciales que ya se encuentran firmes.