Markwayne Mullin empuja a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania a revisar padrones

Markwayne Mullin asumió como secretario de Seguridad Nacional el 24 de marzo de 2026 y cuatro meses después colocó la revisión de los padrones electorales entre las prioridades del departamento. El exsenador republicano por Oklahoma recibió la responsabilidad de mantener la política migratoria de Donald Trump, pero su intervención del 17 de julio amplió esa misión hacia un terreno administrado principalmente por los estados. Desde Washington, Mullin vinculó la presencia de extranjeros sin ciudadanía con la seguridad de las elecciones legislativas de noviembre. La ofensiva migratoria dejó así de concentrarse exclusivamente en la frontera y comenzó a proyectarse sobre el sistema electoral.

El Departamento de Seguridad Nacional comparó registros electorales públicos de California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania con información procedente de sus bases migratorias. A partir de ese cruce, la administración afirmó haber identificado alrededor de 250.000 personas sin ciudadanía inscritas para votar, aunque no presentó un expediente individual que permita comprobar la totalidad de la cifra. Los datos públicos utilizados tampoco incluyen siempre la información necesaria para determinar si una persona se naturalizó después de ingresar al país. Además, una inscripción irregular no demuestra que se haya emitido un voto. La dimensión política de la acusación es, por ahora, mayor que la evidencia divulgada para sostenerla.

El cruce de bases

Mullin pretende que los estados utilicen el sistema federal SAVE para comprobar la ciudadanía de quienes aparecen en sus padrones. La plataforma, creada originalmente para verificar el acceso a determinados beneficios públicos, amplió sus funciones electorales en abril de 2025 y desde entonces fue utilizada por al menos 25 estados. Su aplicación también produjo alertas sobre ciudadanos habilitados y quedó parcialmente bloqueada por un tribunal federal debido a los riesgos para la privacidad y las depuraciones equivocadas. El problema no reside únicamente en detectar registros improcedentes, sino en evitar que una coincidencia incompleta prive del voto a una persona legalmente habilitada. Una revisión masiva exige controles individuales y posibilidades efectivas de reclamación.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad anunció que presentará un nuevo plan electoral dentro de 30 días. El organismo también ofrecerá herramientas para detectar amenazas informáticas, aunque la asistencia quedó vinculada por Mullin con la participación de los estados en SAVE. La propuesta aparece después de que la estructura electoral de CISA perdiera personal especializado, sufriera recortes por diez millones de dólares y quedara sin un director confirmado por el Senado. Esa contradicción reduce la capacidad técnica del anuncio: el Gobierno exige una mayor intervención federal mientras mantiene debilitada a la agencia encargada de ejecutarla. La ciberseguridad electoral comienza a funcionar como instrumento de presión política y presupuestaria.

Mullin lleva la política migratoria al control federal de los padrones.

El límite institucional

La estrategia de Mullin unifica la política migratoria y la administración electoral bajo una misma hipótesis de amenaza interna. El Departamento de Seguridad Nacional puede aportar información sobre la situación migratoria de una persona, pero no posee autoridad ilimitada para ordenar depuraciones, imponer un sistema único o reemplazar los procedimientos estatales. La Constitución concede a los estados un papel central en la organización de las elecciones y reserva al Congreso la capacidad de establecer determinadas reglas federales. Condicionar fondos de emergencia o recursos de ciberseguridad a la entrega de padrones transforma una cooperación administrativa en una disputa por competencias. La seguridad electoral no autoriza al Ejecutivo a convertirse unilateralmente en supervisor nacional del voto.

Cuatro estados cuestionan el dato de 250.000 no ciudadanos registrados.

El avance sobre los padrones llega después de que la Corte Suprema preservara el 30 de junio la ciudadanía por nacimiento mediante una decisión de seis votos contra tres. Ese fallo cerró una de las principales vías jurídicas utilizadas para restringir la ciudadanía de hijos de inmigrantes y desplazó parte de la agenda hacia mecanismos administrativos. Mullin aparece ahora como el funcionario encargado de probar hasta dónde puede avanzar esa estrategia sin vulnerar derechos electorales ni competencias estatales. El resultado dependerá de que el departamento publique datos verificables, permita revisar cada caso y respete las decisiones judiciales. Sin esas garantías, la revisión podría alimentar la desconfianza que asegura querer corregir.