Romo aprovechó la furia con Rosalía: polémico cambio para extranjeros en PBA

En medio de la ola de bronca contra Rosalía por burlarse de la Selección Argentina, el diputado bonaerense Agustín Romo presentó este martes un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente por atenderse en hospitales públicos y por estudiar en universidades provinciales (no nacionales) de la provincia de Buenos Aires.

Romo, presidente del bloque La Libertad Avanza y referente de Las Fuerzas del Cielo, encadenó varios mensajes en X a lo largo del martes. Primero cargó contra la cantante española. Después usó ese mismo clima para instalar su proyecto: "Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", escribió.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460

— Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

El proyecto lleva la firma de otros diputados de La Libertad Avanza y del PRO, entre ellos Nahuel Sotelo Larcher, Francisco Adorni y Geraldine Calvella. Todavía no tiene fecha de tratamiento en comisiones.

Un punto clave: de qué universidades habla el proyecto

En Argentina existen dos tipos de universidades públicas estatales:

• Universidades nacionales: dependen del Gobierno nacional. Son las más conocidas y las que concentran a la gran mayoría de los estudiantes del país, como la UBA (Universidad de Buenos Aires) o la UNLP (Universidad Nacional de La Plata).
• Universidades provinciales: dependen de cada provincia. Son muchas menos y tienen matrícula más chica. En la provincia de Buenos Aires, algunos ejemplos son la Universidad Provincial del Sudoeste, la Universidad Provincial de Ezeiza o la Universidad Provincial de la Costa Atlántica.

El proyecto de Romo solo alcanza a las universidades provinciales de gestión estatal, no a las universidades nacionales como la UBA o la UNLP. Es decir: no afecta, al menos no directamente, a la enorme mayoría de los estudiantes extranjeros que hoy cursan carreras universitarias en la provincia de Buenos Aires, porque esos estudiantes están mayormente en instituciones nacionales, fuera del alcance de esta ley provincial.

Lo mismo pasa con la salud: el proyecto se aplica a los hospitales que dependen de la Provincia, no a los hospitales universitarios (como los que dependen de la UBA), que tienen otra administración.

Qué dice exactamente el proyecto

El texto establece que los extranjeros que no acrediten residencia permanente en Argentina deberán pagar por:

• Prestaciones médicas en hospitales públicos provinciales.
• Carreras de grado en universidades provinciales de gestión estatal.

La ley aclara que nadie puede ser rechazado en una urgencia o emergencia que implique riesgo de vida. En esos casos, se atiende primero y se cobra después, si corresponde.

Fuera de las urgencias, quien no tenga residencia permanente deberá mostrar un seguro de salud, tener un tercero que pague, o abonar el arancel antes de recibir la atención.

Hay dos excepciones totales, sin cobro de ningún tipo:

• Víctimas de trata de personas.
• Vacunación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de notificación obligatoria (por razones de salud pública).

A quién afecta realmente la medida

Acá está el dato que cambia la lectura de todo el proyecto. Según el informe oficial más reciente de la Secretaría de Educación (con datos de 2023), los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,2% del total de alumnos de grado y pregrado en las universidades argentinas. En posgrado, la cifra sube al 9,9%.

De casi 2,75 millones de estudiantes universitarios en el país, solo 126.589 son extranjeros. La mayoría —el 95,9%— viene de otros países de América Latina: Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile son los principales orígenes.

Ese 4,2% incluye tanto a universidades nacionales como provinciales, pero la inmensa mayoría de esos estudiantes está en las nacionales, que son las que concentran casi toda la matrícula del sistema. Eso hace que el universo de extranjeros efectivamente alcanzados por el proyecto de Romo —los que estudian en universidades provinciales bonaerenses— sea todavía más chico que ese 4,2%.

En salud pública bonaerense, el número también es reducido. Según había informado en 2024 el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, los extranjeros representan apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones en el sistema público de la provincia.

Por qué el argumento de "financiar" con esto no cierra del todo

El economista Javier Curcio, especializado en financiamiento educativo, había explicado en una entrevista con Chequeado, en referencia al sistema universitario en general: "En el caso de que arancelaran la universidad, su impacto en el presupuesto universitario sería insignificante: son el 4% del total de alumnos".

Donde sí hay una concentración mayor de extranjeros es en algunas carreras puntuales de universidades nacionales, que —vale repetir— no están alcanzadas por este proyecto provincial. En Medicina de la UBA, los extranjeros son el 28% de los estudiantes (13.403 sobre un total de 47.790). En la Universidad Nacional de La Plata, el porcentaje en Ciencias Médicas llega al 23%.

Son cifras altas, pero más bajas que las que suele citar el Gobierno nacional. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había asegurado en un video oficial que el 40% de los estudiantes de Medicina de la UBA y el 51% de los de la UNLP son extranjeros. Los datos publicados por las propias universidades no confirman esos números.

No es la primera vez que se intenta

La idea de cobrarle a extranjeros por salud y educación no nació esta semana. El Gobierno nacional la viene impulsando desde diciembre de 2023, cuando intentó incluirla en la primera versión de la Ley Bases, apuntada justamente a las universidades nacionales. El Congreso la rechazó en ese momento.

En mayo de 2025, el Ejecutivo nacional avanzó por decreto: modificó la Ley de Migraciones para que solo los residentes permanentes tengan garantizada la atención médica sin seguro, salvo en emergencias, en los hospitales de jurisdicción nacional.

#3Dic | El gobierno de Argentina anunció que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.

Manuel Adorni (@madorni), vocero presidencial argentino, informó también sobre el fin de la atención médica gratuita para los ciudadanos… pic.twitter.com/bHGZIHs6kO

— El Diario (@eldiario) December 3, 2024

A nivel provincial, con sistemas de salud propios, la medida ya funciona en varios distritos:

• Salta (desde 2024): la atención a extranjeros bajó hasta un 95% en algunos hospitales.
• Jujuy (desde 2024): caída del 75% en consultas ambulatorias de extranjeros.
• Mendoza (desde 2024): recaudó unos $30 millones en un año, atendiendo a 240 extranjeros no residentes.
• Santa Cruz (desde 2024).
• Ciudad de Buenos Aires (desde marzo de 2025): en sus primeros seis meses, identificó a apenas 69 personas extranjeras sin DNI argentino.

Lo que Romo propone ahora es sumar a la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, a esa lista, pero acotado al sistema de salud y a las universidades que dependen directamente de la Provincia.

Qué pasa con la plata que se recaude

El proyecto establece que lo recaudado por el cobro en salud va a un fondo específico del sistema de salud provincial (el S.A.M.O.), destinado a comprar insumos, equipamiento, medicamentos y mejorar la infraestructura de los hospitales públicos provinciales.

En el caso de las universidades provinciales, cada institución decide cómo cobrar y qué hacer con esos fondos, dentro de su autonomía.

El contexto: la interna con las universidades nacionales sigue abierta

El proyecto de Romo llega en medio de una pelea más amplia, a nivel nacional, entre el Gobierno y las universidades nacionales por el financiamiento. En junio, la Corte Suprema confirmó que el Ejecutivo debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que exige actualizar salarios docentes y becas según la inflación. Ese fallo, hasta ahora, no se cumplió del todo.

En ese marco, especialistas insisten en que cobrarle a los estudiantes extranjeros no resolvería el problema de fondo, ni a nivel nacional ni provincial. El propio informe de Chequeado, citando datos oficiales, señala que el presupuesto universitario nacional para 2026 implica una caída del 18,4% real respecto de 2025, muy por encima de cualquier ahorro posible por arancelar a un grupo que representa menos del 5% de la matrícula total del sistema.

TM