La Argentina sumó un nuevo revés en los tribunales de Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, confirmó la sentencia que obliga al Estado a pagar USD 390,9 millones, más intereses, al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas realizada en 2008.
La decisión fue dada a conocer por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en los litigios internacionales que enfrenta el país.
Según explicó, el tribunal rechazó la apelación presentada por la Argentina y ratificó el fallo de primera instancia, que había reconocido la validez del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial.
🛑La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina en caso expropiación de Aerolíneas Argentinas (USD 390 millones). Está decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas.
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 21, 2026
🛑 The D.C. Circuit has ruled against… pic.twitter.com/wWJbGbmcwj
El origen del litigio se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral durante 2008. En ese momento, ambas compañías estaban controladas por el grupo español Marsans, que inició el reclamo ante el CIADI.
Con el paso de los años, los derechos sobre esa demanda fueron transferidos primero al fondo Burford Capital -conocido también por su participación en el juicio por la expropiación de YPF- y posteriormente quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 busca ejecutar el cobro en la Justicia estadounidense.
En 2017 el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el organismo rechazó el planteo en 2019.

En 2024, un tribunal de primera instancia en Estados Unidos reconoció la validez del laudo arbitral y ordenó al Estado argentino pagar USD 390.907.115,55, más los intereses correspondientes.
La Argentina apeló esa decisión durante 2025 argumentando que el reclamo había prescripto y que debía aplicarse un plazo de tres años.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que el plazo correcto era de 12 años, por lo que confirmó íntegramente la sentencia y dejó firme el monto originalmente fijado.
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro informó que analiza las distintas alternativas jurídicas disponibles para intentar revertir la decisión o, al menos, reducir el impacto económico del fallo.
Desde el organismo también señalaron que el juicio tiene origen en decisiones adoptadas durante gobiernos anteriores y sostuvieron que la actual administración recibió un elevado volumen de litigios internacionales pendientes.