21/07/2026 - Edición Nº1260

Economía

Revés judicial

La Justicia de EE.UU. confirmó el pago de USD 391 millones por la expropiación de Aerolíneas

21/07/2026 | La Corte de Apelaciones de Washington rechazó la apelación del Estado argentino y dejó firme el fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.



La Argentina sumó un nuevo revés en los tribunales de Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, confirmó la sentencia que obliga al Estado a pagar USD 390,9 millones, más intereses, al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas realizada en 2008.

La decisión fue dada a conocer por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en los litigios internacionales que enfrenta el país.

Según explicó, el tribunal rechazó la apelación presentada por la Argentina y ratificó el fallo de primera instancia, que había reconocido la validez del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial.

Una disputa que lleva más de 15 años

El origen del litigio se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral durante 2008. En ese momento, ambas compañías estaban controladas por el grupo español Marsans, que inició el reclamo ante el CIADI.

Con el paso de los años, los derechos sobre esa demanda fueron transferidos primero al fondo Burford Capital -conocido también por su participación en el juicio por la expropiación de YPF- y posteriormente quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 busca ejecutar el cobro en la Justicia estadounidense.

En 2017 el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el organismo rechazó el planteo en 2019.

Qué resolvió la Justicia de Estados Unidos

En 2024, un tribunal de primera instancia en Estados Unidos reconoció la validez del laudo arbitral y ordenó al Estado argentino pagar USD 390.907.115,55, más los intereses correspondientes.

La Argentina apeló esa decisión durante 2025 argumentando que el reclamo había prescripto y que debía aplicarse un plazo de tres años.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que el plazo correcto era de 12 años, por lo que confirmó íntegramente la sentencia y dejó firme el monto originalmente fijado.

La respuesta del Gobierno

Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro informó que analiza las distintas alternativas jurídicas disponibles para intentar revertir la decisión o, al menos, reducir el impacto económico del fallo.

Desde el organismo también señalaron que el juicio tiene origen en decisiones adoptadas durante gobiernos anteriores y sostuvieron que la actual administración recibió un elevado volumen de litigios internacionales pendientes.