USD 391 millones por Aerolíneas Argentinas: cómo fue la estatización de CFK

Un tribunal de Estados Unidos confirmó este martes que la Argentina debe pagar 390,9 millones de dólares por la estatización de Aerolíneas Argentinas. La deuda no nació ahora: viene de una decisión tomada hace 18 años.

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, rechazó el último recurso del Estado argentino para frenar el reclamo. Quien cobra ese dinero es Titan Consortium, un fondo de inversión que compró el derecho a litigar contra el país.

El reclamo se origina en julio de 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió recuperar Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces en manos del grupo español Marsans.

Cómo llegó Marsans a la aerolínea

Aerolíneas había sido privatizada en 1990 por Carlos Menem. En ese momento no tenía deudas, ganaba unos 90 millones de dólares por año y contaba con una flota moderna de 28 aviones.

El comprador fue un consorcio liderado por Iberia, entonces empresa pública española, que pagó 260 millones de dólares en efectivo y 1.610 millones en títulos de deuda por el 85% de las acciones. Antes de vender, el Estado había absorbido una deuda previa de Aerolíneas de unos 1.000 millones de dólares.

Lo que siguió fue un vaciamiento. Iberia vendió la flota completa, los simuladores de vuelo y oficinas comerciales en el país y en el exterior, entre ellas el edificio de Perú y Rivadavia, diseñado por Clorindo Testa.

En 2001, con la empresa en convocatoria de acreedores, el control pasó al Grupo Marsans, un consorcio español integrado por las aerolíneas Spanair y Air Comet. Marsans usó a Aerolíneas para financiar sus otros negocios: le sacó dinero, aviones y combustible.

Qué pasó el 17 de julio de 2008

El 10 de julio de 2008, Julio Alak —representante del Estado en el directorio y actual intendente de La Plata— denunció a la empresa ante la Justicia junto con los gremios y pidió su intervención judicial.

Una semana después, el 17 de julio, la presidenta Cristina Kirchner viajó a Resistencia, Chaco, para inaugurar obras en el aeropuerto local. Ahí anunció que el Estado recuperaba Aerolíneas. Ese mismo día se firmó el acta acuerdo con Marsans.

"En la Argentina profunda sabemos lo que significa recuperar Aerolíneas Argentinas y lo que es tener vuelos en Aerolíneas Argentinas", dijo la Presidenta en su discurso, según el archivo oficial de sus declaraciones.

Años después, en 2023, la propia Cristina Kirchner resumió por qué había tomado la decisión: "El Estado argentino le pagaba los salarios a los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas y también el combustible de sus aviones (...) no fue una decisión ideológica, fue una decisión pragmática, de gestión económica".

El acuerdo del 17 de julio no fijó un precio en efectivo. El Estado se comprometió a asumir la deuda de la empresa, calculada entonces en 890 millones de dólares. También estableció que un tercero independiente debía tasar la compañía si las partes no llegaban a un acuerdo. Ese tercero nunca se contrató.

Julio Alak asumió ese mismo día como gerente general. "Volvió a casa", dijo sobre el regreso de la aerolínea al Estado, según reconstruyó en su momento el diario El Cronista.

Cómo fue la votación en el Congreso

El 24 de julio de 2008, el Gobierno envió el proyecto de ley al Congreso. Diputados lo aprobó el 22 de agosto, tras 13 horas de debate, con 167 votos a favor y 79 en contra.

Votaron en contra la Coalición Cívica, el PRO, la UCR y el Frejuli. Ese bloque propuso crear una empresa completamente nueva para no absorber el pasivo de casi 890 millones de dólares.

El diputado Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, fue tajante: "No vamos a avalar el vaciamiento y el robo de Aerolíneas Argentinas, perpetrado por el grupo Marsans".

El Senado convirtió la ley el 3 de septiembre, con 46 votos a favor y 21 en contra. Nació así la Ley 26.412. La expropiación definitiva, por el precio simbólico de un peso, se firmó en diciembre de ese año.

El Tribunal de Tasación de la Nación calculó que las dos empresas valían un número negativo, de más de 760 millones de dólares. Una consultora contratada por Crédit Suisse había estimado, en cambio, que valían entre 250 y 450 millones de dólares. Esa diferencia es hoy uno de los ejes del reclamo.

De Marsans al fondo buitre

Marsans llevó el caso al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para disputas entre Estados e inversores. En 2017, el Ciadi le dio la razón y ordenó a la Argentina pagar 320 millones de dólares más intereses. El país apeló, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019.

Marsans nunca cobró. Vendió los derechos del litigio a Burford Capital —el mismo fondo que después litigó contra la Argentina por YPF—, que en 2018 se los revendió a Titan Consortium por 107 millones de dólares.

Como el Ciadi no puede ejecutar sus propios fallos, Titan demandó a la Argentina en 2021 ante un tribunal de Washington. El país pidió desestimar el reclamo por prescripción, pero la Justicia fijó un plazo de 12 años, no de tres como argumentaba la defensa. Esa decisión quedó firme este martes.

El antecedente de YPF

Este no es el único litigio argentino por una estatización kirchnerista. El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner envió al Congreso el proyecto para expropiar el 51% de YPF, en manos de la española Repsol.

Ese mismo día, el Estado intervino la petrolera. La Presidenta explicó entonces el criterio de la medida: "El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental".

El Congreso aprobó la expropiación el 4 de mayo de 2012, con 207 votos a favor en Diputados. Un grupo de accionistas minoritarios, entre ellos el fondo Burford Capital, demandó después al país en Nueva York por no haberles hecho una oferta de compra, como exigía el estatuto de la empresa.

En 2023, la Justicia de Nueva York condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. Pero en marzo de este año, la Cámara de Apelaciones revirtió esa condena. Consideró que la ley de expropiación argentina estaba por encima del estatuto societario. El presidente Javier Milei calificó el fallo como "el mayor logro jurídico de la historia nacional".

La diferencia con el caso Aerolíneas es clave: ahí la Argentina sí perdió, y el fallo del Ciadi ya era firme desde 2019. Lo único que quedaba en juego en Washington era si el reclamo de Titan había prescripto. La Justicia dijo que no.

Qué pasa ahora

La Procuración del Tesoro confirmó que analiza herramientas legales para revertir o mitigar el fallo. Lo enmarcó como parte de la "pesada herencia judicial e institucional" que recibió el Gobierno en diciembre de 2023.

Titan Consortium ya pidió embargar activos argentinos en Estados Unidos, entre ellos el colateral de los Bonos Brady depositado en la Reserva Federal de Nueva York. El fallo también reactiva un litigio similar: el de la constructora WeBuild, que reclama 123 millones de dólares por el congelamiento de peajes en el puente Rosario-Victoria.

TM