Sumar acusó a Ferran Torres de especular y reavivó la pelea por la vivienda

Un día después de la celebración del Mundial, la izquierda parlamentaria española encontró un adversario entre los propios campeones. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, acusó a Ferran Torres de “especular” y calificó su empresa, Eleven Future Invest, como un “fondo buitre”. Para sostener el ataque afirmó que la sociedad vinculada al delantero posee veinte viviendas, pero no presentó una sanción, una resolución judicial ni una operación ilegal atribuible al futbolista. La propiedad y la inversión fueron tratadas directamente como pruebas de culpabilidad. 

La propiedad convertida en sospecha

Eleven Future Invest se dedica a comprar, rehabilitar, alquilar y vender inmuebles, una actividad ordinaria dentro del mercado inmobiliario. Las informaciones disponibles sitúan sus activos por encima de los 6,5 millones de euros y hablan de una cartera cercana a veinte propiedades entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Esa dimensión puede convertir a Torres en un inversor relevante, pero no demuestra por sí misma que haya cometido un abuso. Comprar un inmueble, reformarlo y ofrecerlo nuevamente en alquiler o venta no es una infracción: es una actividad económica que moviliza capital y puede recuperar viviendas deterioradas. 

El vocabulario elegido por Ibáñez muestra el verdadero sentido político de su declaración. “Acaparar”, “especular” y “fondo buitre” son expresiones diseñadas para condenar al propietario antes de examinar su conducta. El diputado no diferenció entre una multinacional con miles de activos, una sociedad familiar y una empresa creada por un deportista para administrar su patrimonio. En la lógica de Sumar, el problema parece comenzar en el momento en que una persona obtiene beneficios mediante la vivienda, aunque no exista evidencia pública de fraude, abandono de inmuebles o incumplimiento contractual. 

La crítica tampoco fue una frase aislada. Ibáñez utilizó a Torres para defender una proposición de ley presentada por Sumar en enero de 2026. El texto pretende limitar a las personas físicas la compra de viviendas usadas y de unidades residenciales nuevas, dejando apenas algunas excepciones para asociaciones, entidades religiosas y organizaciones sin fines de lucro. No se trata únicamente de perseguir prácticas abusivas de grandes fondos: la iniciativa busca impedir, como regla general, que las sociedades mercantiles adquieran vivienda residencial. 

La izquierda busca culpables, no viviendas

La publicación viral exageró al afirmar que Sumar pidió expropiar inmediatamente los departamentos de Torres. Ibáñez no formuló esa solicitud y la propuesta legislativa está planteada hacia futuras adquisiciones. Sin embargo, la declaración real continúa siendo grave: un representante público señaló personalmente a un ciudadano por una actividad legal y defendió una normativa que reduciría de manera drástica la participación empresarial en el mercado. No hace falta inventar una confiscación para advertir el sesgo contra la propiedad privada presente en el planteamiento.

En españa, los politicos le quieren expropiar las propiedades al jugador ferran torres, que literalmente acaba de ganar la copa del mundo hace 2 dias kjj

Ya volvio todo a la normalidad pic.twitter.com/lS1nvx15Qo

— ElBuni (@therealbuni) July 21, 2026

La crisis habitacional española no se resolverá convirtiendo a cada inversor en enemigo público. El Banco de España ha explicado que el aumento de los precios responde a una demanda vigorosa frente a una oferta relativamente rígida y a un crecimiento de la construcción insuficiente para acompañar la formación de nuevos hogares. Impedir que empresas compren, rehabiliten o desarrollen viviendas corre el riesgo de reducir todavía más la inversión y la oferta disponible. La izquierda propone combatir la escasez expulsando capital del sector que necesita construir más. 

Sumar atacó a Ferran Torres por invertir en viviendas sin probar ilegalidad.

Ferran Torres también había generado polémica por utilizar durante los festejos una gorra con la inscripción “Make Spain Great Again”, inspirada en el lema de Donald Trump. No existe evidencia de que la declaración de Ibáñez haya sido una represalia por esa prenda, pero la sucesión de episodios retrata una cultura política incómoda con quien se aparta de sus códigos: el campeón puede ser celebrado mientras marque goles, pero se convierte en sospechoso cuando muestra una referencia conservadora o invierte su dinero fuera del molde ideológico de la izquierda. España necesita más viviendas, reglas estables y seguridad jurídica, no diputados dedicados a fabricar culpables desde una sala de prensa.