Rahul Gandhi convirtió una protesta por irregularidades educativas en una ofensiva directa contra Narendra Modi. El dirigente del Congreso encabezó el 21 de julio una sentada frente a la residencia oficial del primer ministro, reclamó su renuncia y fue retirado por la Policía junto con otros líderes opositores. La intervención fue una detención temporal durante una protesta en una zona sometida a estrictas medidas de seguridad, no una condena judicial ni el encarcelamiento permanente de un adversario político.
La actuación policial tampoco puede analizarse sin considerar los enfrentamientos del día anterior. Miles de simpatizantes del movimiento Cucaracha intentaron marchar hacia el Parlamento, la Policía empleó gases lacrimógenos y bastones, y algunos manifestantes respondieron arrojando piedras. El balance oficial fue de 178 heridos, entre ellos 118 agentes y 60 civiles. Es necesario investigar cualquier exceso, pero también reconocer que el Gobierno enfrentaba una movilización que ya había superado los límites de una concentración pacífica.
El movimiento Cucaracha había surgido para denunciar filtraciones de exámenes, fallas en el sistema educativo y la falta de oportunidades laborales. Su exigencia principal era la salida del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. Gandhi amplió esas demandas hasta pedir la renuncia de Modi y trasladó la protesta a la residencia del jefe del Gobierno, con lo cual transformó una movilización juvenil independiente en una plataforma partidaria para el Congreso.
El Ejecutivo, además, no rechazó todo diálogo. El ministro Jitendra Singh sostuvo que el Gobierno aceptó discutir en el Parlamento la crisis del examen NEET. Según su versión, Gandhi mantuvo la sentada después de recibir esa garantía y agregó como condición la renuncia de Pradhan. Esa secuencia muestra que la oposición no buscaba únicamente una investigación parlamentaria: pretendía obtener mediante presión callejera una caída política que no había conseguido mediante elecciones o una votación de censura.

La administración de Modi tampoco permaneció completamente inactiva ante las filtraciones. En 2024 impulsó la Ley de Prevención de Prácticas Desleales en Exámenes Públicos, dirigida contra redes organizadas que manipulan pruebas como NEET, JEE y CUET. En crisis anteriores, el Ministerio de Educación también trasladó investigaciones a la Oficina Central de Investigaciones y promovió mecanismos técnicos para reforzar la seguridad de los procesos de evaluación.

Modi no debe ignorar la frustración de los estudiantes ni proteger a funcionarios responsables de irregularidades. Debe investigar las filtraciones, sancionar los abusos policiales que puedan comprobarse y garantizar exámenes confiables. Pero esas obligaciones no justifican que Gandhi utilice una crisis educativa para exigir la renuncia inmediata del primer ministro desde la calle. La respuesta democrática consiste en combinar reformas, debate parlamentario y orden público, no en entregar el Gobierno a quien eleve más la presión sobre las instituciones.