La diputada nacional Alejandra Torres y el diputado Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, presentaron un proyecto de ley que propone una profunda reforma del sistema previsional argentino.
La iniciativa combina medidas de aplicación inmediata con el diseño de una transformación estructural del régimen jubilatorio, con el objetivo de atender la situación generada tras el vencimiento de las moratorias previsionales y avanzar hacia un esquema que, según sus autores, sea más equitativo, sostenible y proporcional.
El proyecto parte de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Sus impulsores sostienen que el sistema enfrenta una doble problemática: por un lado, miles de personas llegan a la edad jubilatoria sin reunir los 30 años de aportes exigidos por la legislación vigente y, por otro, persisten desequilibrios financieros que, afirman, afectan la sustentabilidad del régimen.
"No buscamos volver a la irresponsabilidad de los parches temporales ni caer en la insensibilidad de ignorar a quienes hoy se quedan sin cobertura", señalan los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto sostiene que la finalización de las moratorias previsionales dejó al descubierto problemas estructurales que venían acumulándose desde hace años.
Según los fundamentos, tras el vencimiento de esos regímenes especiales "la cantidad de nuevos jubilados cayó casi a la mitad", situación que atribuyen a la imposibilidad de muchas personas de cumplir con los 30 años mínimos de aportes requeridos por la legislación vigente. Los autores sostienen que esto no refleja una disminución de personas en edad de jubilarse, sino que evidencia una barrera de acceso para trabajadores con trayectorias laborales marcadas por la informalidad.
En ese contexto, Torres y Capozzi plantean que tampoco consideran conveniente reinstalar moratorias permanentes, ya que entienden que ese mecanismo profundiza los desequilibrios financieros del sistema y termina afectando el poder adquisitivo de quienes realizaron aportes durante toda su vida laboral.
La propuesta está estructurada en dos grandes capítulos. El primero incorpora modificaciones transitorias destinadas a resolver los problemas de acceso al sistema previsional.
El segundo crea un mecanismo institucional para elaborar una reforma integral del régimen jubilatorio mediante un Grupo de Expertos Previsionales (GEP), que deberá presentar un proyecto de ley definitivo en un plazo de seis meses, prorrogable por otros tres.
Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en eliminar el requisito de acreditar un mínimo de 30 años de servicios con aportes para acceder a una jubilación.
Los autores consideran que esa exigencia quedó desactualizada tras la eliminación del sistema de capitalización en 2008 y sostienen que actualmente genera una situación injusta porque quienes aportaron durante 20 o 25 años reciben el mismo tratamiento que quienes nunca realizaron aportes.
Para revertir esa situación, proponen que toda persona que alcance la edad jubilatoria tenga derecho a acceder a una prestación previsional y que cada año aportado sea reconocido al momento de calcular el beneficio.

La iniciativa también modifica la forma en que se calcula la jubilación inicial. Actualmente el haber se determina tomando como referencia los salarios de los últimos años de actividad.
El proyecto propone reemplazar ese criterio por uno que contemple toda la historia laboral del trabajador. Según sus fundamentos, este mecanismo busca otorgar mayor equidad, al reflejar la totalidad de la trayectoria contributiva de cada afiliado y no únicamente el tramo final de su vida laboral.
Otra modificación importante alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El proyecto plantea que la PUAM funcione como un piso garantizado para quienes, por la cantidad de aportes realizados, obtengan una jubilación inferior a ese beneficio.
Además propone modificar su cálculo. En lugar de tener un monto fijo, la prestación estaría vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil e incorporaría incrementos según la cantidad de meses aportados durante la vida laboral.
Los autores sostienen que este esquema genera incentivos para la formalización laboral, ya que cada aporte realizado tendría impacto directo sobre el haber futuro.

El proyecto elimina una de las restricciones vigentes para quienes perciben la PUAM. Actualmente existen limitaciones para continuar desarrollando actividades laborales mientras se cobra ese beneficio.
Así, la iniciativa propone igualar los derechos de quienes perciben la PUAM con los del resto de los jubilados, permitiendo compatibilizar el cobro de la prestación con una actividad laboral.
La reforma también incorpora cambios vinculados al reconocimiento previsional por tareas de cuidado.
De esta manera, propone que todas las mujeres reciban el cómputo de un año de aportes por cada hijo nacido con vida, independientemente de haber percibido o no la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según el proyecto, el objetivo es unificar criterios y evitar diferencias entre beneficiarias.
Más allá de las medidas inmediatas, la iniciativa plantea una transformación integral del sistema previsional.
Para ello propone organizar el régimen sobre tres pilares:
La propuesta incorpora además otros cambios estructurales:
Como parte del proceso, el proyecto crea el Grupo de Expertos Previsionales (GEP). Estará integrado por hasta diez especialistas en materia previsional, económica, jurídica y demográfica, designados por la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Sus integrantes desempeñarán funciones ad honorem y deberán elaborar un proyecto de Ley de Ordenamiento Integral del Sistema Previsional basado en criterios de proporcionalidad, sustentabilidad financiera y evidencia técnica.
El grupo contará con acceso prioritario a información de organismos como ANSES, ARCA y otros entes públicos vinculados a la seguridad social, mientras que el Congreso será el encargado de canalizar los recursos necesarios para su funcionamiento.