La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado, impulsado por dirigentes radicales disidentes a la conducción partidaria. La iniciativa surgió a raíz de sus polémicos dichos en redes sociales sobre la selección de Francia, que generaron críticas y derivaron en su declaración como persona no grata por parte de la Embajada francesa.
El oficialismo provincial cerró filas detrás de Casado y el pedido fue rechazado con 33 votos contra 11, mientras que tres legisladores estuvieron ausentes. La defensa reunió a los bloques de Cambia Mendoza, integrado por la UCR y sectores del PRO, además de La Libertad Avanza. En contra se pronunciaron legisladores del Partido Justicialista, el kirchnerismo y Encuentro Mendocino.

La decisión expuso, además, una interna dentro del radicalismo mendocino. El juicio político había sido promovido por sectores enfrentados con la actual conducción partidaria, por lo que el oficialismo interpretó el intento como una maniobra que podía transformar una polémica política en una crisis institucional de mayor alcance.
Desde la UCR, el diputado César Cattáneo justificó el rechazo y sostuvo que el objetivo fue "defender la institucionalidad de Mendoza". El legislador consideró que la intervención del gobernador Alfredo Cornejo, quien envió una carta al embajador francés Romain Nadal, había sido suficiente para fijar la posición oficial de la provincia y cerrar el conflicto diplomático.
Cattáneo reconoció que las expresiones de Casado fueron "desafortunadas", pero cuestionó que la Legislatura se convierta en una instancia para juzgar declaraciones políticas. "Si transformamos a la Legislatura en un tribunal encargado de juzgar y evaluar declaraciones o frases, dejaríamos de cumplir la función por la que nos eligieron", argumentó.
La defensa oficialista también incluyó comparaciones con expresiones polémicas de dirigentes del peronismo. Cattáneo mencionó declaraciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández para sostener que los dichos desafortunados no deberían derivar automáticamente en procesos institucionales contra funcionarios electos.
El episodio dejó en evidencia que la disputa alrededor de Hebe Casado excede sus declaraciones sobre Francia y se inscribe en una pelea política dentro de la propia UCR. La decisión del oficialismo de bloquear el juicio político evitó una escalada institucional, pero también consolidó el alineamiento de la conducción partidaria con la vicegobernadora.

Mientras tanto, la oposición logró instalar el debate sobre los límites de las expresiones de los funcionarios y el impacto que pueden tener en las relaciones institucionales. El rechazo al juicio político cerró, al menos por ahora, la vía legislativa del conflicto, aunque las diferencias internas del radicalismo mendocino continúan abiertas.